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Jueves, Febrero 1, 2018 - 16:23

Pese a las diferentes estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, en Pasto sus habitantes afirman sentirse inseguros.

Así lo precisó ayer a DIARIO DEL SUR el especialista en derecho penal, Alberto Rodríguez, al manifestar que aunque efectivos de la Policía Metropolitana capturan a los implicados en diferentes delitos, la gran mayoría de ellos no paga ninguna condena.

Además indicó que la mayoría de antisociales que más azota a la comunidad es reincidente. Precisó también que en la mayoría de casos no hay pruebas suficientes contra los sindicados para una sentencia condenatoria.

“Si bien es cierto en determinados barrios de las comunas diez y cinco del municipio de Pasto, la mayoría de pastusos o por lo menos las familias que residen en esos lugares conocen que en esos sitios residen peligrosas bandas delictivas dedicadas a la venta clandestina de basuco y marihuana, nadie se atreve a denunciarlos por miedo a represalias”, argumentó.

“Como si eso fuera poco, la comunidad no tiene pruebas para demostrar ante las autoridades que efectivamente en esos lugares vendan las sustancias ilícitas. Como los delincuentes también son astutos, en un eventual allanamiento las pruebas que los comprometen las van a esconder”, señaló.

“En vista de eso a las autoridades les queda muy difícil capturar y posteriormente sentenciar a un señalado. Así sea cierto los delitos que están cometiendo, pero si no hay pruebas no sirven de nada las capturas, ni denuncias”, expresó.

Frente a esas situaciones, destacó que la comunidad suele afirmar que la Policía y la Justicia no sirven para nada. “Ahora se debe tener en cuenta que la mayoría de hombres o mujeres que mediante raponazo o cosquilleo roban teléfonos celulares, dinero, billeteras u otros objetos, cometen delitos que si bien es cierto generan perjuicios al patrimonio, no causan lesiones a su víctima. Como no hay pruebas contundentes contra los señalados, ni mucho menos denuncias, entonces continúan en las calles haciendo de las suyas”, expresó.

 

Desarticulación de bandas

Por su parte fuentes oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación CTI precisaron que en lo corrido de 2017 se desarticularon en el departamento de Nariño más de 30 estructuras criminales.

Indicaron que dichas operaciones que tuvieron lugar en Pasto, Ipiales, Tumaco y Samaniego entre otros municipios de la región, permitieron a las autoridades la oportuna judicialización de peligrosos antisociales que se dedicaban al hurto, al tráfico de sustancias sicoactivas y a la venta de autopartes robadas.

Manifestaron que en la región persisten los raponazos y la venta de artículos robados (receptación), por este delito indicaron que los implicados pueden pagar hasta una pena de 13 años de prisión.

 

Implementan estrategias

Para frenar en la región a la delincuencia común y organizada en todas sus modalidades, el comandante de la Policía Nariño, coronel Haidiber Restrepo Ríos, precisó que los uniformados ejecutan un plan que contiene 16 estrategias.

Manifestó que en Ipiales, el piedemonte costero y la frontera con Ecuador, los uniformados reforzaron las requisas, patrullajes y la revisión de antecedentes. Precisó que la oportuna reacción de los uniformados ha permitido la captura de sindicados por diferentes delitos y que la Justicia es la encargada de condenar o absolver a los sindicados.

 

No cumplen procesos legales

La juez primera de control de garantías del municipio de Pasto Angie Córdoba manifestó a DIARIO DEL SUR que todo procedimiento es el inicio de toda judicialización. “Eso significa que cuando haya un captura previa a cumplir con ciertos requisitos legales, se le puede o no imponer una medida de aseguramiento de carácter preventivo”, argumentó.

Destacó que muchas veces la comunidad no entiende que cuando llega alguien de manera inicial a un proceso, se lo vincula a una investigación o puede quedar en libertad.

“Pero eso no implica que no se haga justicia o que la situación actual del señalado haya terminado. Reitero que es el comienzo de toda investigación”, argumentó.

Además indicó que muchas veces la comunidad afirma que en el determinado lugar y fecha se capturó a cierta persona, pero al otro día está libre. “Eso sucede porque tal vez no se cumplieron los procesos legales para imponerle una medida de aseguramiento. Nosotros los jueces debemos someternos a la Justicia y si se cumplen los requisitos legales contra un sospechoso, de inmediato se imponen medidas de aseguramiento preventivas para evitar que el señalado reincida”, expresó.

Aclaró además que la calificación de delitos y la normatividad no les permiten en bagatela o delitos menores que por una captura el señalado sea inmediatamente trasladado a un establecimiento carcelario.

“Ahora no se deben desconocer las problemáticas que se presentan en las cárceles. Hace unos días a través de un comunicado se conoció que en Pasto los reclusos no permiten la entrada de más personas que vayan como indiciados o sentenciados”, dijo.

“Cuando hay personas que tienen requisitos para imponer una medida de aseguramiento, se la impone. También se dice que el derecho penal es muy garantista con los procesados, sin embargo hay situaciones de derechos que se tienen que atender”, indicó.

 

Detención domiciliaria para reincidentes

Argumentó que en casos extremos se opta por mandar a otros establecimientos carcelarios para imponer a los indiciados medidas preventivas, siempre y cuando se cumplan requisitos. “Ahora si hay reincidencia y se quiere proteger a la comunidad se opta por otras medidas como la detención domiciliaria”, afirmó.

“Muchas veces se presentan reincidentes pero se debe tener en cuenta que por lo menos lo que se maneja en Pasto, la repetición de delitos se maneja hasta una segunda captura y en la tercera se lo envía a un establecimiento carcelario, independientemente de que el delito sea menor”, explicó.

“Es decir que si un sindicado se hurtó un teléfono celular mediante cosquilleo, ese delito no es tan dañino como el atraco a mano armada que muchas veces deja heridos. Cabe aclarar que a ningún reincidente se permite que vuelva a la calle”, sostuvo.

“A nivel nacional escuché que ciertas personas han ingresado hasta 50 veces a la cárcel y que ni siquiera han sido sentenciadas. Eso no es verdad, son noticias que lo único que buscan es fomentar el amarillismo”, expresó.

Destacó que cada caso se atiende de manera personal para saber qué pasa con cada uno de los señalados. “Muchas veces ingresan personas que tienen problemas de adicciones y esos no son temas que la Justicia los trata”, argumentó.

Destacó que cuando se captura a una persona el trámite inicial es legalizar el procedimiento. “Cuando son delitos menores como por ejemplo el hurto de un objeto que ni siquiera supera el salario mínimo y que de repente en la captura y en la audiencia el sindicado le ha entregado a la víctima un dinero, se tiene en cuenta que hubo una reparación. La pena a pagar le será menor a los cuatro años, eso implica que no hay requisito objetivo para imponer medida de aseguramiento”, explicó.

Destacó que en esos casos la Fiscalía llega hasta la segunda audiencia. “Desde el momento de la captura se tienen 36 horas para salir de las audiencias. Es decir que la persona está retenida hasta que se hagan las audiencias y si la Fiscalía decidió retirar la medida o el juzgado no resolvió imponer una medida, queda en libertad uno o dos días después porque ya se cumplió con el procedimiento”, afirmó.

Finalmente indicó que delitos que no ameritan capturas como los hurtos simples, la Policía puede dejar al señalado en libertad. A diferencia de los hurtos con armas cortopunzantes son más graves porque ponen en peligro la vida de otra persona.

 

Esfuerzos en vano

La madre de familia Aida Pantoja indicó que la Justicia en Colombia está fallando, tras indicar que mientras los policías se desgastan capturando a los delincuentes con las manos en la masa, quienes deben juzgarlos los dejen en libertad.

“Es frecuente ver a los antisociales implicados en delitos reincidiendo en las calles de la región, porque supuestamente estuvo mal hecha. Entonces no sirve de nada el esfuerzo que en Pasto y otras regiones de Colombia está haciendo la Policía Nacional para combatir a los delincuentes”, argumentó.

 

“Mucha inseguridad”

El estudiante Santiago Enríquez argumentó que las familias de Nariño y del resto de Colombia están cansadas de tanta inseguridad que a diario viven en las calles.

“Los delincuentes están al acecho de sus víctimas para hurtarles dinero, teléfonos celulares y prendas de vestir. Si bien es cierto la Policía intensificó su presencia en los sectores más solitarios de la región, los antisociales persisten con sus actividades delictivas”, manifestó. Para combatir a los atracadores y otros delincuentes sostuvo que se requiere la colaboración ciudadana.

 

“Cojea la Justicia”

La madre comunitaria Ana Lucía Meneses indicó que los hurtos son permanentes en los barrios más apartados de Pasto. “Si bien es cierto las autoridades pusieron en marcha diversas estrategias para garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana, los antisociales también ingenian planes para perpetrar sus delitos”, argumentó.

“Es inaudito entender que los malos procedimientos en las capturas de los hampones permita a las autoridades dejarlos en libertad. Considero que así un antisocial se hurte el objeto menos valioso, la Justicia debe castigarlo”, dijo tras añadir que en Colombia la Justicia está cojeando.

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