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Lunes, Octubre 7, 2019 - 12:24

 

Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, fue expuesta la preocupación por el riesgo para los niños venezolanos llegados a Pasto y a otras regiones de Nariño, que estarían siendo explotados laboralmente por sus propios padres y otros familiares.

La situación fue planteada por la Cámara de Comercio de Pasto, en una misiva dirigida al titular del Icbf regional Nariño, Luis Carlos España Patiño.

“Estamos interpretando el sentir y la preocupación de varios empresarios de la ciudad, quienes nos han manifestado sus inquietudes al respecto”, explicaron voceros de la entidad cameral.

En la carta señalan que la profunda crisis política, económica y social de nuestro hermano país de Venezuela, ha originado, hasta la fecha, un éxodo de más de 5 millones de venezolanos, que decidieron abandonar su nación.

 “En nuestra República viven más de un millón y medio de estas personas, de las cuales se han asentado en la ciudad de Pasto cientos de desplazados cuya gran mayoría vive en condiciones lamentables, dedicados generalmente a la mendicidad en las calles y semáforos, en tanto que otros han incurrido en actividades delincuenciales”, anotan en el documento.

 

 

Riesgo evidente

El mensaje suscrito al director del Icbf asegura que “esta situación social ha puesto en riesgo evidente de violación de los derechos fundamentales de los niños, hijos de madres y padres venezolanos en condición de desplazamiento”.

Luego manifiesta que “se ha denunciado en el país el fenómeno del alquiler de menores de edad, hijos de venezolanos, a familiares, amistades e, incluso, a compatriotas desconocidos, para utilizarlos en cuestionables estrategias parta obtener mayores réditos económicos”.

La Cámara de Comercio de Pasto le solicitó al director del instituto remitir información detallada relacionada con la tarea que viene desarrollando la entidad estatal, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales en favor de la niñez que se observa junto a personas adultas en los andenes y junto a los semáforos, donde piden la ayuda ciudadana.

Se espera que el instituto se cerciore en qué condiciones está la población venezolana residente en nuestro departamento y, especialmente, que establezca si a los menores que pasan largas horas de cada día en aceras y semáforos no estén siendo vulnerados sus derechos.

También se advierte que otra de las consecuencias que tendría un impacto grave en el futuro de estos menores de edad, sería su exclusión de la educación escolar porque sus padres no tienen las condiciones económicas para educarlos.

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