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Domingo, Diciembre 25, 2016 - 10:40

Para los habitantes del corregimiento de Aponte, municipio de El Tablón de Gómez afectado por el movimiento en masa activo de tipo rotacional que se registra en la localidad, este seguramente será la último año que pasen en esta localidad y con la incertidumbre de no saber dónde estarán reubicados el próximo año.

Don Leonardo Constain, uno de los damnificados de esta localidad señala que  hoy cuando se acerca la celebración de navidad y fin de año,  en Aponte todo es tristeza, nostalgia y añoranzas de lo fue el corregimiento, que hoy afronta una calamidad.

“Las fiestas de fin de año no volvieron hacer las mismas. Hoy reina la incertidumbre frente al futuro que nos espera como comunidad. Donde dependemos de la voluntad de los gobiernos nacional, departamental y local”, comentó Leonardo Constain.

Mientras que para Gabriel Martínez  Molina, estas son las fiestas más frías. “No hay calles donde colocar luces,  muchas casas destruidas y los niños que son los que dan la alegría en  la navidad, no tiene calles donde correr y jugar. Algunas casas ya no tienen energía porque  están  deshabitadas, de manera que gran parte del pueblo está a oscuras”.

“Esperamos que el próximo año podamos estar celebrando una navidad en el lugar donde se haga  el reasentamiento y que podamos estar en comunidad y volver a disfrutar de las novenas”, dijo Martínez Molina.

No hay fiestas

Para Jesús Antonio Córdoba, es muy triste como esta Aponte. “No hay fiestas para nosotros, ver cómo está el pueblo, es muy duro. Mirar como poco a poco, se caen nuestras casas y tenemos que salir obligatoriamente. Y con el dolor de no saber que va ser de nosotros el siguiente año”.

Sin embargo, a pesar de la tristeza que afrontan las familias de Aponte,  no  pierden la ilusión de poderse reubicarse en el corregimiento de La Mesas, un sueño colectivo  de todos los campesinos.

Se mira pobreza

Aurelio Martínez, afirma “estas navidades son muy diferentes, se mira pobreza, la gente ha perdido la esperanza y da desasosiego y tristeza ver el pueblo. La gente se ha ido a otras partes para salvaguardar su vida. Pero aun así mentemos la esperanza y las ganas de vivir de la mano de Dios”.

Afirma Luis Orlando Córdoba, “esta son las fiestas más oscura que ha pasado Aponte y preocupados porque en tiempo de invierno, la falla sede más. Queremos que el Gobierno nacional ponga sus ojos en la situación de este pueblo y nos diera la mano más rápido. Todos estamos amontonados en  las casas  de familiares y amigos, con el temor que de un momento a otro la casa donde estamos de derrumbe y nos vayamos a un abismo y ese es el sufrimiento diario de adultos y niños, a qué horas se nos viene la casa encima.

Estamos como judío errante, querer irse sin saber para donde. Es un año muy fuerte, pero nos  toca luchar para poder salir de esta difícil situación”, dijo Córdoba.

Pendiente reunión

Ante la tutela interpuesta  por la Defensoría del Pueblo Regional de Nariño y las comunidades campesinas e indígenas de Aponte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto ordenó  a la  Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación con la Gobernación de Nariño, alcaldía de El Tablón de Gómez, el resguardo indígena Inga de Aponte y la comunidad campesina, Asociación Arca 71, una  reunión en  un término no mayor a cuatro meses.

El fallo señala: “en un término no mayor a cuatro meses siguientes a la notificación  convoque a una reunión a los  delegados de esas entidades, para que de manera  concertada decidan el lote o  lotes en donde se adelantará el proyecto de asignación de vivienda para el reasentamiento de la comunidad  afectada en Aponte, municipio de El Tablón de Gómez, posibilitando  de esta manera los estudios técnicos de riesgo y diseño para la ejecución posterior del respectivo proyecto”.

Esta reunión aún no se ha efectuado y ojala se avance lo más pronto posible, porque las comunidades no dan esperan.

Aunque ya están vistos tres lotes  por la Asociación Renacer Colonia de Aponte, Arca 71, falta que se defina cuál es el más viable y se gestionen los recursos con la Administración departamental y nacional para la compra del mismo.  Para la adquisición del terreno la alcaldía de El Tablón de Gómez anunció que aporta  $100 millones, cuando este tiene un costo de más de $300millones.

Gestión a nivel nacional

Luego de  varias reuniones y gestiones de la Administración seccional ante el  Gobierno Nacional para hacerle frente a la difícil situación que afrontaban las familias en Aponte, se lograron unos importantes recursos del nivel central.

Desde  abril,  la dirección  general  de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo  de  Desastres, Ungrd, asignó  $1.025 millones  para la contratación  de los estudios del lote donde se haría el reasentamiento de la población damnificada de Aponte y la consecución de $36 mil millones de pesos para este proyecto.

Pero a raíz de la posición del cabildo Inga de Aponte, de hacerse dos proyectos de reasentamiento uno para las familias indígenas y otro para la población campesina,  todo el proceso ha sufrido un revés, que aún mantiene en vilo a estas comunidades.

Mientras tanto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo  de  Desastres, ha enviado varios oficios al gobernador de Nariño, Camilo Romero, informándole su preocupación por que no se avanza en el tema.

Censo

En la dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres  de Nariño  reposa un  censo actualizado del Registro Único de Damnificados, Rud, de esta población. El cual establece  que son 329 familias las afectadas por el movimiento en masa, para un total de 290 viviendas, que equivalen a 1.037 personas damnificadas en este corregimiento.

Pero lo importante es las autoridades nacionales, departamentales y locales avancen en los distintos frentes para poder brindarles a los damnificados una ayuda real, en el tema de subsidios de arriendo, salud, educación y atención psicosocial.  Y una vez  se defina  el tema de lotes para los dos proyectos de reasentamiento, se inicie con los estudios técnicos de los mismos.

La desaparición de Aponte es una realidad y las instituciones nacionales, departamentales y locales deben trabajar para hacer menos traumático todo este proceso para las familias que viven allí.

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