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Para Alexander Mejía, director de Corpoamazonia, la falta de personal dentro de la entidad, la articulación con otras autoridades de control y la ausencia de modelos económicos de aprovechamiento del suelo causan el deterioro de la selva amazónica.

Los meses de cuarentena en Colombia no fueron suficientes para detener una de las problemáticas que más afecta a la selva de la Amazonia: la deforestación.

Aunque el año empezó con esperanza tras la disminución del 19,2 % de la pérdida de bosque en 2019, los primeros boletines de alerta temprana del Ideam cambiaron el panorama radicalmente con un aumento del 83 % en Meta, Guaviare y Caquetá, es decir, 64 mil hectáreas taladas solo entre enero y marzo de 2020.

Para Alexander Mejía, director de Corpoamazonia, la autoridad ambiental de Caquetá, Putumayo y Amazonas, la falta de personal de una entidad que maneja cerca de 22’516.443 hectáreas, la mentalidad histórica de explotación del suelo, la colonización de bosque y el mal diseño de un modelo económico que impulsa prácticas nocivas como la ganadería extensiva son algunas de las principales causas de la deforestación.

En cuanto a la deforestación el directivo afirmó que “el problema no es reciente. Según las cifras del Ideam, se presenta desde antes de la creación de Corpoamazonia, y a pesar de los esfuerzos que como autoridad ambiental estamos realizando los reportes demuestran el aumento en la deforestación para el primer trimestre de 2020 en donde el clima favorece las actividades de tumba y quema. Sin embargo, hay una disminución en el segundo trimestre”.

Reducir las cifras de deforestación es un problema complejo que requiere la articulación interinstitucional, donde se definan acciones coordinadas orientadas a fortalecer la gobernanza en el sector forestal, toda vez que confluyen aspectos sociales, económicos, institucionales y culturales. Además es innegable la presencia de conductas criminales que sobrepasan la capacidad de la entidad para dar respuesta y controlar los motores de deforestación y que requieren de acciones concretas de la Fuerza Pública del Estado.