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Miércoles, Octubre 31, 2018 - 15:34

En Pasto diferentes analistas y expertos reflexionaron sobre cómo el proceso de sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. En la jornada se conoció que pese a los traspiés, Tumaco es el municipio de Colombia que más ha avanzado en temas de erradicación.

El coordinador del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Nariño, Pnis, Daniel Ramírez, manifestó que en el Puerto nariñense actualmente hay 16 mil 550 familias vinculadas al proceso de sustitución.

“Estamos en los sectores de más alta complejidad y densidad en el municipio de Tumaco, eso nos permite decir que definitivamente estamos de frente a uno de las mayores problemáticas de este territorio”, precisó el coordinador.

Uno de las quejas y reclamos de quienes se suscribieron a este programa de gobierno, es el retraso en los pagos por parte del Pnis, sin embargo, el coordinador explica que todo se debe a un proceso de rigurosidad.

“Desafortunadamente los tiempos no los hemos venido cumpliendo en lo que teníamos previsto, por cuenta del riguroso control que hemos tenido en la ejecución de los mismos. Queremos ser muy responsables con que los recursos realmente le lleguen a las familias que cumplen los requisitos y los recursos se conviertan en una oportunidad para transformar estos territorios”, expresó.

El Pnis ha retirado familias de este programa, luego de comprobar que ingresaron de forma fraudulenta, pues se hicieron pasar como cultivadores solo para captar los dineros y beneficios del programa.

“Le hacemos un flaco favor a la comunidad si simplemente empezamos a entregar recursos ni mayores controles, entonces este tipo de demoras desafortunadas a todo punto de vista, no puede ser vistas como un elemento de sospecha de incumplimiento, por el contrario le hemos dicho a la gente, es producto de adoptar los controles necesarios para que el dinero llegue a quien tiene que llegarle”, indicó.

En Nariño, el acuerdo de voluntades para integrar el Pnis, se firmó con 29 municipios del departamento, sin embargo, solo Tumaco fue integrado a este programa.

“El Gobierno Nacional está haciendo un evaluación de los acuerdos colectivos que se han firmado en algunos municipios. Evidentemente estos acuerdos son una manifestación de voluntad por parte de las comunidades, sin embargo esto no implica un compromiso porque de ahí a que se pase al individualización de estos casos hay un trecho importante”, afirmó.

El coordinador aseguró que se están analizando y gestionando los recursos para la vinculación de estas familias al proceso de sustitución de cultivos.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje, Asominuma, es una de las organizaciones que no ha sido incluida dentro del programa de sustitución, pese a que sus miembros poseen grandes hectáreas de coca.

“El tema con Asominuma es muy complejo porque fundamentalmente están en un territorio del Alto Mira y Frontera en condición de ocupantes ilegales, eso implica que la posibilidad de acogerlos en el marco del programa pasa por la solución del tema de tierras con ellos. Nosotros hasta el año pasado hicimos un número importante de mesas de trabajo, sin embargo, este año no se han podido retomar. Por lo pronto en esta zona hay más de 4 mil 800 familias que están en el programa y con ellas estamos trabajando”, afirmó.

 

Perdieron terrenos

A este encuentro de reflexión asistieron representantes de las comunidades que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, quienes manifiestan que aunque apoyan esta iniciativa, sí se han presentado inconvenientes en su ejecución.

Yesenia Araceli Montaño, quien llegó desde zona de carretera de Tumaco, manifestó que el último pago de las autoridades está retrasado desde hace aproximadamente 2 meses. Sin embargo su problemática vas allá, pues vieron por perdido el terreno que se les ofreció para desarrollar sus proyectos productivos.

“Nos dieron un predio que se obtuvo a través de la extinción de dominio, nuestra comunidad lo trabajó, estábamos muy adelantados y teníamos nuestros cultivos. Sin embargo llegaron personas con documentos en mano y nos dijeron que esas tierras son de su propiedad”, indicó la lideresa.

De acuerdo con Montaño, hay documentos que prueban que este terreno es propiedad de la nación, sin embargo, quienes reclaman el terreno tienen documentos válidos en su poder que probarían su pertenencia.

“Terminaron con nuestros cultivos y nos tocó salirnos de ahí. Nos quedamos sin nada, el predio está ubicado en el kilómetro 29 de la vía Tumaco-Pasto. Teníamos plátano, cacao, yuca y coco”, expresó.

Pese a que han pedido ayuda a las autoridades como la Agencia Nacional de Tierras, Montaño asegura que no han obtenido respuesta y han perdieron todo el esfuerzo que dedicaron a este predio.

“Le hemos hablado a la Procuraduría Agraria y a todas las entidades que hemos podido, pero en realidad hasta este momento no hemos recibido una respuesta y en definitiva decidimos dar nuestro brazo a torcer por falta de apoyo”, explicó.

Agregó que la comunidad quedó afectada, pues hay familias que solo dependían del trabajo y los productos que se generaban de este predio.

 

No a las fumigaciones

La alcaldesa del municipio de Policarpa, Claudia Cabrera Tarazona, quien fue una de las panelistas en este encuentro, aseguró que una de las principales peticiones de las autoridades en el departamento es que el Ministerio de Defensa se abstenga de la aspersión aérea con glifosato.

“Estas acciones nos traerán problemas al ambiente y a la salud de los pobladores. Existen varios fallos condenatorios en contra del Estado. Definitivamente el Gobierno Nacional en vez de fumigar y erradicar de manera forzosa debe entrar con un plan integral para empezar a trabajar con las comunidades en proyectos productivos”, precisó la mandataria.

Además aseguró que las necesidades más importantes para las comunidades son la conectividad vial y la comercialización de los productos que se generan alrededor de estos proyectos.

“En este momento la propuesta del Gobierno Nacional debe tener un enfoque que les dé mayor participación a los campesinos, que desde el territorio como piensa trabajar con esas políticas que puede crear el Estado para mejorar la calidad de vida de los campesinos”, expresó.

 

Familias a la espera

Tumaco es municipio de Colombia que según reportes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha erradicado el mayor número de hectáreas de cultivos de uso ilícito con 10 mil.

 A 16 meses de la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito, Pnis,  son más de 16 mil las familias que se han  vinculado a este proceso de erradicación voluntaria.

Sin embargo, de acuerdo con información de la Gobernación de Nariño, fueron 29 los municipios que firmaron acuerdos de voluntades para vincularse a este proceso, pero solo Tumaco fue beneficiado.

Este mismo informe revela que otras 30 mil familias de 28 municipios están a la espera de la vinculación por parte del Gobierno Nacional. El coordinador del Pnis, Daniel Ramírez, precisó que el Estado está evaluando la integración de estas familias.

Este informe de las Naciones Unidas revela que de las más de 23 mil hectáreas, hoy solo quedan 19 mil en Tumaco, sin embargo si se actualizan los estudios esta cifra puede disminuir.

La Gobernación de Nariño es una de las entidades territoriales que más se ha opuesto a la fumigación con glifosato. El mandatario de los nariñenses, Camilo Romero, prepara una acción popular para impedir este proceso en el departamento. Además se confirmaron movilizaciones para decirle no a esta práctica en la región.

Un informe del Pnis reveló que las zonas 3, 4 y 5 del Alto Mira y Frontera no pudieron ser verificadas por la Misión de la ONU, estas son las de mayor densidad. Además de las 20 veredas intervenidas en el marco del Acuerdo Colectivo firmado en Llorente, hubo 8 que no pudieron ser intervenidas por restricciones de seguridad de la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas.

 

 

 

 

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