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El Juzgado Segundo Municipal, en protección de los derechos de los afiliados de la EPS Indígena Mallamas, resolvió emitir la orden al gobernador del cabildo de Muellamués, Jesús Carlosama, y a los integrantes de la Guardia Indígena, que permanecen en las instalaciones de la entidad, su retiro definitivo de las instalaciones del centro de salud, a través de la acción de tutela.

La decisión de la juez Hilda Isabel Chamorro, fue firmada el pasado 10 de noviembre. Ante lo cual, la personería de Ipiales será quien haga el acompañamiento y verificación del cumplimiento de la orden judicial.

De acuerdo a la notificación, que daba 48 horas para el retiro, el servicio de salud de la entidad se ha visto suspendido y alterado desde el 2 de octubre del 2020, fecha en la cual iniciaron las manifestaciones que exigen la renuncia del actual gerente Fabio Enríquez, lo que ha sido clasificado por la comunidad indígena como una dictadura, debido a que tantos años en el poder de la EPS-I.

Defensa

Según el gobernador indígena, en las instalaciones hay tres personas de la guardia indígena que están cuidando el lugar y a la vez, ejerciendo su derecho como dueños de la EPS-I ya que en el corte jurídico le pertenece a esta población ancestral. “Sin embargo, los trabajadores no se han querido acercar a la entidad por temor a ser agredidos, cuando nuestra única intención es velar por la seguridad de la misma comunidad y buscar que la cabeza directiva esté a cargo de otra persona diferente al actual gerente”, explicó Carlosama.

“Nosotros sí queremos que se haga la atención en la salud, sino que han querido mostrar la peor imagen de nosotros y hacer quedar mal a las comunidades indígenas. Tenemos la disponibilidad de atender a los pacientes, hemos llamado al gerente y al director de la EPS-I, pero no nos da la cara para poder hablar de frente”, dijo el gobernador indígena.

Agregó, que también existe una preocupación en cuanto una deuda millonaria que tiene la entidad, tema por el cual la comunidad no tiene claridad.

RECUADRO

Claman derechos

Uno de los aspectos que el líder resaltó fue que la empresa de salud fue fundada por la misma comunidad indígena, pero desafortunadamente se dejó en manos de la persona equivocada durante muchos años.

Por lo cual, señaló que la EPS-I es de carácter privado, está en la jurisdicción especial indígena y que muchos jueces no lo comprenden. “Nos merecemos el respeto y el derecho a la autodeterminación y autonomía, precisamente los indígenas como los dueños”, dijo.

Finalmente, invitó a los trabajadores de la entidad a retornar su lugar de trabajo, asegurando que los guardias no van a actuar en contra de la integridad física de la comunidad, sino que son estrategias de la administración.