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Muy poco han servido las mesas de concertación que a nivel nacional y regional se han venido reuniendo para hallarle solución al problema agropecuario.

Martes, Septiembre 24, 2013 - 12:02

En cero se encuentran las negociaciones entre el Gobierno, los indígenas y los campesinos que deben surtir las soluciones a la problemática que golpea al sector agropecuario desde que se implementaron los acuerdos internacionales de libre comercio.

En la práctica las diferentes mesas de concertación o negociación que se implementaron para lograr el levantamiento de los bloqueos en las vías, que habían perpetrado los campesinos que se lanzaron al paro el 19 de agosto, solo han servido para formalizar algunas metodologías de trabajo y confeccionar unos cronogramas de trabajo que se comenzaron a incumplir desde el principio.

Porque del resto estas solo han funcionado como foros en los que cada funcionario o dirigente gremial o político que ha intervenido, expone una gran voluntad para contribuir a la solución de las dificultades y promueven grandes frentes para consolidar soluciones definitivas, pero no arriesgan ni una cifra, ni proyectan una rebaja, ni nada por el estilo. “Puras buenas intenciones, pero en la práctica nada”, como lo sostuvo el dirigente campesino Robert Daza, quien ha sido uno de los líderes que con más vehemencia se ha manifestado frente a lo que se ha denominado como “el engaño de Santos”.

No hay diálogo

Las conversaciones en la Mesa Nacional de Tunja están suspendidas. El jueves de la semana pasada los delegados campesinos decidieron levantarse, debido a que los interlocutores que hicieron presencia a nombre del Ministerio de Hacienda no tenían poder de decisión.

“Lo mismo va a pasar en esta semana: si no se hace presencia el titular de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no habrá más diálogos”, sostuvo tajantemente Richard Fuelantala, líder de los campesinos nariñenses que ha estado participando en las conversaciones en la capital boyacense.

“Es claro que la paciencia de los campesinos se está agotando: el Gobierno no ha cumplido ni siquiera las condiciones que el mismo presidente Santos impuso. No hay un solo acuerdo concreto y mientras la miseria de los habitantes del campo es cada día más grave”, agregó Fuelantala.

El Gobierno Nacional insiste en que de lo que se trata es de buscar soluciones estructurales para el problema agropecuario y que ello se logrará mediante la implementación de un marco jurídico y normativo, además de una estrategia global de aplicación gradual durante los próximos años, según lo planteó el propio presidente Santos cuando se suscribieron los puntos que acabaron los bloqueos. Sin embargo, los dirigentes campesinos esperaban que los acuerdos fueran el fruto de los aportes que surgiera desde la perspectiva de los habitantes y trabajadores del sector rural, y eso, hasta el momento “no ha sucedido”.

“El presidente Santos quiere armar un pacto, pero para seguir favoreciendo a los grandes grupos empresariales e industriales, con precios bajos que les garantiza seguir enriqueciéndose, mientras que para el mediano y el pequeño productor no hay nada”, sostuvo también el líder campesino nariñense.

Créditos e insumos

El tema de los créditos es uno de los que más atención reclaman los campesinos, puesto que para ellos es la clave de su subsistencia en los próximos meses. Según los líderes agrarios “hasta el momento el Gobierno ha aceptado considerar la condonación de los intereses, pero se niega a tocar el asunto de los montos, que es lo que en realidad les interesa a los agricultores, pues muchos de ellos se encuentran colgados con las entidades bancarias, desde mucho antes del parto, debido a factores como los climáticos o a las plagas que les hizo perder sus sembrados y también su ganado”, explicó Fuelantala.

Sobre el asunto de los insumos se ha hablado mucho en las diferentes mesas de concertación, pero no se ha concretado nada hasta el momento. Los voceros de la cartera agropecuaria plantean la posibilidad de reducir los aranceles a los productos importados de manera que el precio final favorezca al usuario final, pero no ha comprometido en el porcentaje de esta disminución ni tampoco ha establecido la estrategia para evitar que el beneficio recaiga sobre los intermediarios y comerciantes y no en los trabajadores del agro.

Solo buenas intenciones

Durante la segunda reunión programada en Pasto con los voceros de los gremios de la producción se escucharon diferentes intervenciones invitando a la constitución de una gran frente que permitiera a la región recuperarse de los efectos nocivos del paro agrario y de la crisis socioeconómica que la golpea desde hace varios años.

Sin embargo, las declaraciones se quedan en simples actos de buena voluntad, pues nadie se arriesga a fijar una meta o un tope sobre los sacrificios que cada sector tendría que hacer para alcanzar alguna señal de recuperación.

 La reunión con las fuerzas vivas y productivas del departamento se programa para conocer propuestas frente a los retos y oportunidades, tras la reciente movilización social agraria, pero hasta el momento no se conocen hechos concretos.

 En las instalaciones del Hotel Morasurco estuvieron presentes los representantes del sector campesino, indígena, miembros de la clase política, la academia, actores sociales y comunitarios, quienes expondrán un informe por sectores y trazarán propuestas para el inmediato futuro.

Según la Administración departamental, lo que se busca es diseñar una nueva política a favor del campo, en pro de mejores condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas, que cimentaron sus justos reclamos en la protesta social agraria, pero hasta el momento es muy poco lo que se puede comentar.

El caso de Leiva

El Gobierno Nacional fue conminado por las fuerzas vivas de Leiva, municipio del norte de Nariño, para que haga claridad sobre los hechos que acontecieron en esta población durante el paro agrario, con un saldo oscuro y con la clara acción violenta de los organismos de seguridad contra la población civil.

Así se lo hicieron saber a los voceros de la Administración departamental y de la oficina regional de derechos humanos que estuvieron en esta población durante el fin de semana.

La idea que se propuso y que parece tener gran acogida es la creación de una escuela de liderazgo y derechos humanos en esta población. Se trata de una iniciativa que en su etapa de formulación contará con el acompañamiento de la Oficina Departamental de Derechos Humanos.

Estas noticias se conocieron durante el acto de revisión del acta de compromiso formulada por una comisión interinstitucional y los habitantes de la localidad, luego de analizar los hechos de alteración de orden público del pasado 5 de septiembre durante la protesta social agraria en el sector de Mojarras –Cauca- y el casco urbano de Leiva, donde perdieron la vida los líderes campesinos Víctor Alonso Ortega y José Luis Enríquez.

Frente a la petición de la comunidad del traslado de la estación de Policía se conoció que una vez se tenga la respuesta a dicha solicitud el departamento cofinanciará la compra del lote y gestionará ante la Dirección de Policía Nacional la construcción de la misma.

También se anunciaron inversiones por 800 millones de pesos para la construcción de tres centros de salud en Leiva, uno en el casco urbano de esta localidad, otro en el sector de Las Delicias,  y un tercero en El Palmar.

El Gobierno fue conminado por las fuerzas vivas de Leiva para que haga claridad sobre los hechos que acontecieron en esta población durante el paro agrario, con saldo trágico debido a la acción violenta de los organismos de seguridad contra la población civil.

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