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La Contraloría reportó que en el primer semestre del presente año se auditaron las CAR que manejaron recursos cercanos a los 4 billones de pesos en 2017, donde se detectaron presuntas irregularidades, una gestión deficiente y bajos resultados en materia de protección ambiental.

Para el ente de control, llama la atención las problemáticas detectadas en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, “un solo contratista llega a tener 24 por casi $8 mil millones, constantes adiciones y prórrogas de los contratos, prevalencia de la contratación directa, bajísima ejecución presupuestal y obras con problemas en sus estudios y diseños”.

El informe agrega que “a esto se suma que algunas de las obras que desarrolla como parte del Megaproyecto Río Bogotá (la PTAR Salitre Fase I y la PTAR Canoas), no cumplen con los requerimientos técnicos y contractuales”.

Otras Corporaciones

El ente de control indicó que si bien le preocupa el cúmulo de problemas encontrados en la CAR Cundinamarca, es aún más grave y no tiene sustento claro y justificado, el manejo que ha venido dando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a unos $1,2 billones.

La entidad que dirige Edgardo Maya enfatizó que hace más de dos décadas el Gobierno Nacional entregó estos recursos para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca y que en forma permanente se encuentran invertidos en el sistema financiero nacional e internacional.

“Considera la Contraloría que, de esta manera, se pierde la posibilidad de hacer las inversiones en los temas ambientales para los cuales deberían ser destinados y así evitar los efectos nocivos hacia las poblaciones humanas, de animales y de plantas, así como la degradación del ambiente”, señala el documento. De acuerdo a información de ‘Caracol Radio’.

En la Auditoría adelantada a CORTOLIMA, la CGR encontró que esta Corporación permitió, por su deficiente gestión, la prescripción de cobros coactivos por sanciones impuestas por valor cercano a $1.100 millones y el no cobro de más de $1.300 millones de tasa por uso de agua.

Con respecto a Corpocesar, se encontró que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua por valor que ascendió a $3.000 millones, por la no expedición de las facturas ni la notificación a los usuarios.

“En cuanto al cobro de la tasa retributiva se presentaron inconsistencias, que en la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) ascendieron a $2.566 millones y en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) suman aproximadamente $520 millones”, agrega el ente de control.

La Contraloría manifestó que las situaciones descritas se dan tras el escándalo desatado recientemente por las graves irregularidades detectadas por la CGR en la Corporación para el Canal del Dique – CARDIQUE, donde además de los cuantiosos hallazgos fiscales formulados por más de $23.000 millones, la Fiscalía General de la Nación capturó a varios altos funcionarios de esa Corporación.

Finalmente, dijo que “Ahora le correspondió a las grandes Corporaciones Autónomas Regionales del país, como son CAR Cundinamarca, CAR Valle del Cauca – CVC, Corpocesar y Cortolima, entre otras (en total 10 corporaciones auditadas), las cuales manejan cerca del 70% del presupuesto total que tienen en conjunto las 33 CAR (cerca de $4 billones en el 2017)”.

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