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Foto: Colprensa
Sábado, Agosto 25, 2018 - 09:53

La auditoría que realizó la Contraloría General para esclarecer qué ocurrió realmente con el caso Hidroituango, arrojó como resultados 35 hallazgos administrativos relacionados con el caso y de estos, ocho están directamente relacionados a nivel penal con la crisis que puso en vilo al país y afectó la zona de Antioquia con influencia de la obra.

Por el lado de la anda, tiene una serie de responsabilidades, por cuanto no advirtió las fallas ambientales del proyecto y por el lado de EPM, su culpa radica en la falta de un seguimiento a nivel técnico y operativo para garantizar que la hidroeléctrica tuviera el correcto desarrollo.

Además, añade que hay una falla en la forma como se trabajó el aspecto social, es decir, el trabajo con las comunidades aledañas y que son las directas afectadas con la operación de la obra y también con la crisis que se vivió. Erraron en la identificación y registro de las comunidades étnicas que rodeaban el proyecto.

Para la Contraloría, por tanto, son la Anla y EPM, los responsables directos de toda esta situación que generó graves daños ambientales y sociales por la forma en que se manejó la licencia ambiental y también por todos los incumplimientos de EPM, quien era el que estaba a cargo de toda la construcción. 

Con este informe se precisa entonces una clara ruta de responsabilidades en esta crisis que ocasionó destrucción a través del recorrido del río Cauca por el represamiento de sus aguas.

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