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Jueves, Octubre 26, 2017 - 07:19

La Corte Constitucional determino que los menores de edad en Colombia pueden y tienen el derecho a acceder a la eutanasia y así tener una muerte digna, pues señalo que hay un vacío normativo al respecto que debe ser corregido de forma inmediata para evitar que los menores sean víctimas de tratos inhumanos, cuando las EPS les niegue el derecho a morir de forma digna.

A raíz de la decisión tomada, el Ministerio de Salud tiene cuatro meses para expedir una nueva reglamentación sobre el derecho fundamental a la muerte digna de menores de edad en el país, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos que fueron especificados por la Corte: que se trate de un enfermo en fase terminal, que haya manifestado su consentimiento de manera libre e informada e inequívoca por parte de los menores cuando su desarrollo se lo permita. Y, si los menores de edad no pueden hacerlo, se evaluará el consentimiento sustituto de una manera estricta.

La manifestación se le debe presentar al médico tratante para que este convoque al Comité Científico Interdisciplinario, que diez días después de la solicitud le preguntará al paciente si aún mantiene le decisión.

“El estudio de las solicitudes en cada etapa deberá considerar la madurez emocional de cada NNA (niños, niñas y adolescentes) y, cuando sea aplicable, diseñar mecanismos para la manifestación del consentimiento sustituto por los dos padres del menor de edad o quienes tengan su representación”, señaló la Corte.

De igual forma se indicó que el Comité deberá presentarle un documento al Ministerio de Salud por lo cual la regulación que expida esa cartera tendrá que crear un mecanismo eficaz para tener conocimiento de los casos de muerte digna que haya en el país, desde el momento de la petición. Además, se deberá “gestionar lo necesario” para que todas las EPS e IPS emitan una carta de derechos para los pacientes en las que se comunique que tienen derecho a morir dignamente.

Dentro de la reglamentación se incluirá a la Superintendencia de Salud que verificará si las EPS e IPS cuentan con la infraestructura y personal necesario para la implementación de la eutanasia en los menores de edad.

La Corte hizo el pronunciamiento al estudiar el caso de un menor de edad que padecía de parálisis cerebral severa desde su nacimiento, lo cual derivó múltiples enfermedades graves, y por quién sus padres habían pedido a Salud EPS que se le aplicara la eutanasia pero esperando la respuesta del centro médico el niño murió.

Tras este hecho la corporación consideró que la EPS vulneró sistemáticamente el derecho a la salud del menor de edad por demora en la entrega de oxígeno y por dar una respuesta evasiva y ambigua a la petición de eutanasia. Por esa razón, la Corte ordenó a Salud EPS que no vuelva a actuar como lo hizo en este caso y envió copia de todo el expediente a la Superintendencia de Salud, para que investigue a la EPS.

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