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Ipiales sufre por estos días una grave emergencia sanitaria que ha llevado a la suspensión de labores en instituciones educativas, de salud y del orden administrativo, pero que también afecta el comercio y la vida cotidiana de todos los habitantes de este municipio fronterizo.

Un problema que se le suma a la difícil situación que tiene que enfrentar el gobierno municipal ante la masiva presencia de inmigrantes venezolanos que no han podido continuar su paso hacia el Ecuador y otros países del cono sur. La falta de agua potable la padecen los habitantes del municipio desde el 23 de agosto y completa hasta el día en el que se escribe esta columna 21 días por lo que deberían prenderse las alarmas ante posibles afectaciones derivadas de la falta del líquido. Entre las más críticas se encuentran las relacionadas con la salud, pero también las que se generan en el orden económico debido al cierre de restaurantes, hoteles y almacenes.

La situación anómala que sufre la ciudad de Ipiales por estos días no es sino el punto crítico al que debía de llegar después de años de descuido en la búsqueda de solución a un problema que debió de resolverse en anteriores administraciones, porque simplemente ante el crecimiento de la ciudad y el deterioro de la infraestructura causada por los años los administradores de la empresa encargada del manejo de potabilización y distribución del agua no tenían más que comenzar a diseñar planes y proyectos de reestructuración de la planta y de los conductos con el objetivo de  potenciar el servicio y garantizarlo para su usufructo en una proyección hacia 2 o si se puede 5 décadas más. Pero no fue así y el mal que no se remedia en su inicio luego no solo exige más duplicar los esfuerzos y los recursos para su cura, sino que causa mayores trastornos.

Esta emergencia que sufre hoy el segundo municipio más importante de Nariño también llama la atención porque el municipio es uno de los 117 que tiene una deuda grande con la nación por cuenta de los llamados bonos de agua. Esa figura crediticia que en el 2007, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, el para entonces también ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla creó para, según él, posibilitarles a las administraciones municipales la construcción, remodelación y ampliación de los acueductos.

Solo que como se evidencia ahora en Ipiales, igual a como se ha visto en otras ciudades del país  y se demostró durante el debate en el Senado con el que se inauguró al  otra vez  ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, esa inversión que los alcaldes de la época hicieron en la compra de los llamados bonos de agua se perdió o, como más de uno aseguró, se fue por las alcantarillas, mientras escuchaba la intervención de los senadores que llamaron a responder al ministro por los nefastos resultados de su plan de endeudamiento, que así como se presentó durante el debate realizado hace precisamente un año, solo terminó enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo aún más las arcas de los municipios que como Ipiales ahora padecen la calamidad causada por un problema que debió resolverse 12 años atrás.

Claro está que hay que llamar a responder por lo que acontece en la frontera a los alcaldes que administraron el municipio desde la compra de los bonos de agua hasta estos días. Pues no solo los obliga la responsabilidad moral, sino también el deber legal. Más ahora cuando de seguro están moviendo sus alfiles con el fin de quedarse con el poder local en estas elecciones. Y si se trata de protestar, la manera más efectiva sería la de inhabilitarlos desde ya en las urnas. 

 

Por: Ricardo s

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