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Domingo, Mayo 5, 2019 - 17:07

Hemos querido tocar hoy este tema para que la gente no se tome tan a la ligera estos casos y piense en que el no cumplir con el llamado a ser jurado de votación no tiene ninguna consecuencia grave.

Resulta difícil creer que uno pueda perder su casa o cualquier otra clase de bienes al igual que su empleo en caso de tratarse de un empleado oficial, por el simple hecho de incumplir con el llamado de la Registraduría Nacional del Estado Civil para ser jurado de votación.

Pero así es la cosa. Las normas debidamente establecidas comprenden severas sanciones para quienes no atienden la convocatoria que se les hace en el marco de los procesos electorales que se realizan en nuestro país.

Es así como entre el 2010 y el 2017 quienes fueron designados como jurados de votación y no acudieron a las mesas deben en el departamento de Nariño 973 millones de pesos.

Nos estamos refiriendo a una situación que en un momento dado se puede convertir en una pesadilla puesto que los cobros jurídicos que ocasiona el no acudir a estos llamados ha dado lugar a episodios de embargo, mientras que en otros casos las personas involucradas con estos hechos no han tenido otra alternativa que llevar a cabo acuerdos de pago para no verse más afectados.

Hemos querido tocar hoy este tema para que la gente no se tome tan a la ligera estos casos y piense en que el no cumplir con el llamado a ser jurado de votación no tiene ninguna consecuencia grave.

Al contrario, como lo explica el delegado departamental de la Registraduría, Jaime Santander, ese incumplimiento sin causa plenamente justificada se constituye en una falta gravísima. Es así como los empleados públicos son castigados por parte de la Procuraduría con la destitución del cargo, mientras que a las personas que pertenecen al sector privado se les sanciona con multas económicas, que van desde uno a diez salarios mínimos.

Así las cosas el incumplir con este llamado no se constituye en ningún juego y al contrario lo que origina es fuertes dolores de cabeza, puesto que ante el alto número de deudores que hay no solo en nuestro departamento de Nariño, sino en todo el país, el Gobierno Nacional vendió esa cuantiosa cartera a una empresa privada especializada en esos cobros coactivos, lo que naturalmente agrava la situación de los deudores morosos.

De allí la importancia de que la gente se mire en este espejo, puesto que ya tenemos casi a la vuelta de la esquina las elecciones en las que elegiremos a nuestros próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales.

De acuerdo con los antecedentes en estos procesos electorales, en el departamento de Nariño son convocados para presidir las mesas de votación unos 22 mil jurados.

De allí la importancia de que las personas conozcan a cabalidad los riesgos a los que se verán abocados en caso de ser designados jurados de votación y no atender ese llamado.

Como lo estamos viendo este llamado hace parte de un proceso serio y, por lo tanto, debe ser atendido, puesto que como bien lo dice la Registraduría Nacional del Estado Civil, se trata de prestarles a las autoridades electorales una importante colaboración en el marco de las elecciones. De lo contrario, es exponerse de manera inútil a verse envuelto en una serie de perjudiciales líos jurídicos que lo pueden dejar sin bienes y sin empleo.

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