Opinión

Ante los acontecimientos que se vienen registrando de manera permanente en la costa pacífica de Nariño, no queda otra alternativa que insistir de manera perentoria a los gobiernos Nacional y departamental para que le pongan el acento a estas situaciones de orden público, que a todas luces desde hace rato se les están saliendo de las manos a las autoridades, cuya obligación es proteger a la ciudadanía.

Nos referimos a unos episodios que no solo tienen que ver con la serie de asesinatos que se han presentado a lo largo del año, sino con el enorme perjuicio para miles de personas que al verse envueltas en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la Ley no tienen otro recurso para salvar sus vidas que abandonar sus regiones, en unos hechos dolorosos que deja a hombres, mujeres y niños sin techo ni alimentación.

Es así como en las últimas horas tenemos en el municipio de Olaya Herrera el desplazamiento de 180 familias a consecuencia de los combates entre integrantes de la célula Oliver Sinisterra, que es una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, y el grupo delincuencial de Los Contadores. Se trata de unos hechos que por el momento dejan un saldo de 2 muertos y dos heridos, además del agravante de la angustiosa desprotección que hoy sufren miles de personas.

Además de este terrible desplazamiento otro caso también de extrema gravedad es el del secuestro de dos menores de edad en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, una de las cuales apareció muerta. En ese sentido tenemos que decir que hemos perdido la cuenta de las veces que en materia de alteración del orden público nos hemos tenido que referir a esta convulsionada población de la costa pacífica de Nariño, escenario durante décadas de toda clase de violencia, originada en su mayor parte por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Para completar solo por hoy el recuento de nefastos eventos hay que anotar el asesinato en Santa Bárbara-Iscuandé de un reinsertado de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, lo que aumenta en Nariño y en Colombia el número de exguerrilleros que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

Nos encontramos entonces ante un panorama desolador en lo que tiene que ver con la costa pacífica de Nariño que no es de ahora, ni mucho menos, sino que viene de mucho tiempo atrás. Lo peor es que también desde hace varios años los diferentes gobiernos han hecho toda clase de promesas para ponerle fin a la creciente violencia, en sucesivas visitas presidenciales.

Valga la buena intención, pero nosotros nos tenemos que atener a la realidad y, a lo que todos los días ocurre en nuestra costa pacífica de Nariño, donde lamentablemente la violencia es el común denominador.

Por lo tanto lo que se requiere no son hermosas palabras que hasta el momento se ha llevado el viento, sino acciones concretas, puesto que por lo que seguimos viendo es que los violentos hacen y deshacen en esta importante región de nuestro departamento de Nariño en una clara violación de los derechos humanos en detrimento de miles de personas.