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Domingo, Julio 21, 2019 - 17:54

No se puede desconocer que la situación del departamento de Nariño es crítica en materia de orden público y que se va a tornar más complicada en cuanto avance este proceso electoral, sobre todo por la presión que ejerce la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

Como se ve en el ambiente, regresaremos a esos tiempos de terror durante los procesos electorales cuando las Farc atacaban a diestra y siniestra, lo cual por un momento lo olvidamos con los últimos procesos electorales de hace 4 años (regionales) y las dos últimas de 2018 para Congreso y Presidencia, cuando hubo una tranquilidad asombrosa en todos los municipios.

Es una lástima que en cuestión de paz y orden público retrocedimos y estemos hoy inmersos en una guerra y que la participación democrática es la primera en ‘bombardearse’ y los candidatos a las distintas corporaciones están en máximo riesgo.

Es por esto que la Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió que es urgente brindar garantías a los aspirantes a distintos cargos de elección popular. La directora nacional de este organismo, Alejandra Barrios Cabrera, señaló que es imperativo hacer comisiones de seguimiento electoral municipal y departamental para conocer los factores de riesgo de los candidatos.

No olvidemos que Nariño ocupa el quinto lugar entre las regiones de Colombia con más afectados por violencia política y entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de junio de este año en curso se contabilizan 14 casos, como el registrado el pasado 3 de mayo cuando en un atentado le quitaron la vida a Efraín Prado Rosero, candidato al Concejo de Mallama.

Las muertes sistemáticas de nuestros líderes nos muestran que ninguno está seguro y que si no se les brinda suficientes garantías a los candidatos los violentos pueden atacarlos en donde sea, como cuando mataron en plena asamblea a los dirigentes Awá Héctor Ramiro García, fundador de la Organización Camawari y Arturo García, quien acababa de ser elegido gobernador del resguardo Palmar Imbí, en Ricaurte para el 2019.

Los violentos no solo están dispuestos a todo, sino que tienen un plan de exterminio, sobre todo de los líderes sociales que representan a las comunidades y varios de ellos aspiran a cargos a los concejos o para ediles. Están desprotegidos porque el Estado no los toma en serio.

Esta semana en Tumaco, el municipio en donde más han eliminado líderes, el consejero presidencial del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, Emilio Archila, lanzó un plan de protección para los líderes, pero solo cubre a los que hacen parte del programa.

En cuanto al proceso electoral del 27 de octubre, las autoridades departamentales, que se han quedado más en la queja que en las acciones, están obligadas a brindar las garantías a los candidatos y la MOE ha sido clara en dar el campanazo de alerta, antes de que tengamos que lamentarlo.

Se tiene que dar supremacía en las operaciones de control y protección en los municipios más críticos como son los de la costa, piedemonte y Cordillera, además de otros como Samaniego, Santacruz, Túquerres, Linares y por supuesto Pasto, en donde se concentran la mayor parte de aspirantes y que otrora ha sido objetivo de actos terroristas durante estas temporadas.

Siempre se escucha decir que los malos son únicamente un puñado y los buenos somos más, sin embargo causan demasiado daño y se han hecho tan fuertes que las autoridades no pueden con estos y en departamentos como Nariño hoy estamos a merced de los violentos que vulneran a la población civil cuando se les viene en gana.

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