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Miércoles, Septiembre 18, 2019 - 16:46

En la medida que avanza el proceso electoral y se acerca el día de los comicios regionales, el próximo 27 de octubre en todo el país, la tensión y el temor aumentan en materia de orden público y de seguridad para los candidatos a las distintas corporaciones, especialmente en el departamento de Nariño.

Los dos hechos más recientes están relacionados con el secuestro del candidato a la Alcaldía del municipio de Potosí, en el sur del departamento, Oscar Alejandro Lombana, y la renuncia de uno de los siete candidatos a la Administración local de Samaniego, Darío Dorado.

En el caso de Lombana la retención se produjo en la mañana del pasado 10 de septiembre cuando fue citado por engaño a la zona rural para reunirse con unos seguidores. Al aspirante de Cambio Radical lo estaban esperando hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Lo peor de esta situación es que hasta el momento los captores no se han comunicado para exigir recompensa, señalar las razones que tuvieron o adjudicarse este acto delictivo.

En las últimas horas se decidió incrementar a $30 millones la recompensa para quienes brinden información que permita rescatar al candidato, sin embargo nos parece extraño que los organismos de seguridad no sepan nada y no hayan logrado ni conocer quien lo puede tener en su poder. Entonces señores, no están en nada cuando se trata de la integridad de un candidato, supuestamente protegido por la Fuerza Pública.

Frente al caso de Samaniego, la renuncia de Darío Dorado está relacionada con un panfleto enviado al parecer por el frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc, que obligaban a los siete aspirantes a asistir a una reunión en Llorente, zona rural de Tumaco, con la advertencia de que si informaban a la Fuerza Pública se convertían en blanco de sus armas.

Según un informe sobre la violencia política, desde el 27 de julio hasta el 16 de septiembre 54 candidatos han sido víctimas de violencia. 40 amenazados (5 son mujeres), 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados (una de ellas mujeres), y 7 asesinados (de los cuales una mujer).

La Presidencia de la República precisó que el departamento donde hay más candidatos amenazados es Bolívar, con 9, y Antioquia con 5. Además se han producido en total 2 secuestros (uno en Chocó y otro en Nariño). En cuanto a los asesinatos, han ocurrido dos en Antioquia y Cauca, uno en Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Ante la oleada de asesinatos, amenazas y atentados el presidente Iván Duque dio 72 horas para quedar “al día con todas la solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha”. Pero nos preguntamos, por qué no se tomaron medidas como estas 6 meses atrás o al menos hace 3 o 2 meses y cuántas vidas o hechos graves se habrían evitado.

Lo que no se hizo desde un principio no se lo podrá lograr en tan corto tiempo que falta para las elecciones, sobre todo en regiones alejadas y abandonadas del Estado, como lo son más del 60 por ciento de nuestro departamento.

También es comprensible que no se puede brindarle seguridad a cada uno de los 4.075 candidatos que tenemos solo en Nariño (120 mil en el país), sin que esto quiera decir que el Gobierno Nacional se deba lavar las manos, al contrario, ha faltado establecer estrategias de seguridad efectivas para brindar protección, sobre todo a los amenazados.

Sin querer ser crudos en estas circunstancias solo les queda a los aspirantes en riesgo mantener un esquema de seguridad propio y no dar ‘papaya’ ante los violentos, por ejemplo no desplazándose hacia las zonas rurales.

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