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Sábado, Agosto 3, 2019 - 17:04

Toda campaña política exige inversión de recursos financieros; sin embargo, hay candidatos que en un plan más populista y electoralista afirman que para darse a conocer y obtener el apoyo de la ciudadanía no es necesario dinero porque lo que realmente importa son las ideas y quienes las expongan.

Si eso fuera verdad, no veríamos en tiempos electorales a candidatos que geográficamente se pueden mover más que otros, que hacen un gran despliegue publicitario, que cuentan con una buena organización logística y alimentaria, que acostumbran a distribuir mercados para los más necesitados, en un gesto dizque humanitario y que suelen dar plata a los denominados líderes políticos o comunitarios en aras de que les convoquen las reuniones.

Como es lógico, todos esos quehaceres cuestan dinero, quienes lo tienen en abundancia, y no les cuesta sacarlo de su bolsillo, les llevan una enorme ventaja a aquellos candidatos que tienen importantes ideas y/o propuestas, pero el bolsillo vacío.

Algunos aspirantes argumentan que tienen muchos voluntarios para llevar a cabo las diferentes actividades que conlleva una campaña, lo que no se puede descartar, ya que, en algunos casos más que otros, aparecen ciudadanos que llevados por su radicalismo, apasionamiento, ideología, fanatismo, o simplemente voluntad, se “regalan” para colaborar con esas actividades.

Aquí en Colombia, las campañas políticas pueden ser financiadas con recursos públicos y/o privados, aunque son los recursos privados los que terminan financiando el proceso electoral porque los partidos o movimientos políticos sólo entregan avales y en ningún momento apoyan financieramente a los candidatos, salvo contadas excepciones. A la mayoría los dejan tirados de la brocha, se dice en el argot popular.

Según los últimos informes de Transparencia por Colombia sobre el financiamiento de campañas, los recursos privados que se invirtieron en las elecciones territoriales del 2015 alcanzaron el 89 %.

De allí que, sean, entonces los recursos de los candidatos y/o de sus familiares los que terminan garantizando los gastos. Y un escenario como este, es una oportunidad para la corrupción, teniendo en cuenta que la información sobre el origen del patrimonio de los candidatos y sus familias no es pública, por lo que el riesgo de que a través de las elecciones estén ingresando recursos de origen ilícito puede ser alto.

Las declaraciones de bienes y rentas que hacen públicas algunos candidatos no son garantía de transparencia en los gastos de una campaña.

Si bien el Consejo Nacional Electoral fijo los topes que pueden gastar las campañas para las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles a las JAL; lo cierto es que esos topes siempre son violados.

En Nariño, por ejemplo, los candidatos a la gobernación podrán invertir hasta dos mil doscientos millones de pesos; en tanto que para la alcaldía de Pasto la suma de inversión está por el orden de los mil cuatrocientos ochenta millones de pesos. Sin embargo, se habla que estos montos pueden verse duplicados para quienes aspiren a ganar, lo cual es sumamente preocupante y desequilibra la balanza frente a otros candidatos.

En consecuencia, si de algo pueden estar seguros los votantes, es que entre más dinero invierta un candidato en su campaña, más “esfuerzo” debe realizar cuando llegue al cargo para recuperarlo. Y no necesariamente con su millonario salario, sino con “arandelitas”, y la ya conocida “mermeladita”, que por cierto, es una práctica común en nuestra sucia política tradicional.

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

solarpastas@hotmail.com

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