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Sábado, Noviembre 3, 2018 - 16:26

El martes de esta semana que termina la Cámara de Representantes hundió el polémico proyecto a través del cual se pretendía prolongar el periodo de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales hasta el 2021, con el propósito de unificarlo con el del presidente de la República a partir de ese año.

Prácticamente la iniciativa había dividido las opiniones en el país. Los defensores del proyecto consideraban que el Estado “se ahorraba” dinero pues no habría elecciones en 2019, mientras que los contradictores aseguraban que “era mucho castigo” para aquellos entes territoriales en donde los mandatarios regionales, locales e integrantes de las asambleas y concejos no eran bien calificados.

Así las cosas, y si nada extraordinario ocurre en este país de contrastes, las elecciones del 27 de octubre del próximo año siguen en pie, razón por la cual muchas personas que ostentaban la investidura de funcionarios públicos en sus respectivas jurisdicciones territoriales decidieron renunciar a ella con doce meses de anterioridad, con la finalidad de no estar incurso en causales de inhabilidad al momento de realizar su inscripción.

En tal virtud, muchos de tales exfuncionarios públicos han comenzado a realizar sus contactos políticos con miras a ir ganando respaldo a sus propuestas y así convertirse en verdaderos candidatos con posibilidades de salir electos. Pues, quieren que el tiempo no los coja ‘dormidos’ y fuera de base, máxime cuando se habla que habrá una inmensa cantidad de aspirantes para todos los gustos que desean obtener el beneplácito del electorado.

 Dentro de nuestro ordenamiento constitucional toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de índole legal que al respecto se han estipulado.

Sin embargo, hay personas que manifiestan a los cuatro vientos que su pretensión de llegar a un cargo de elección popular se halla ajustada a la Constitución y la ley, cuando en realidad muchas veces eso no es totalmente cierto y lo único que consiguen es generar confusión y dudas en la gente que de pronto pueden estar confiando en ellos y decididos a apoyarlos.

 En ese sentido, por ejemplo, en Nariño es posible que varios precandidatos a las alcaldías, en especial de Pasto, podrían estar inhabilitados para ser alcaldes, en virtud a que ejercieron como tales en calidad de encargados durante los últimos 24 meses.

 Lo anterior tiene como fundamento la Sentencia T-343 del 11 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional, en donde se manifiesta que “…la persona que haya ocupado el cargo de alcalde municipal o distrital, sin importar si lo ha hecho bajo la situación administrativa del encargo, queda sujeto a la prohibición legal prevista en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 – impropiamente denominada incompatibilidad – consistente en que no podrá inscribirse a cualquier cargo de elección popular en la misma comprensión territorial, dentro de los 24 meses siguientes a la dejación del cargo del alcalde…”.

De ahí que las personas que hoy sueñan con ser mandatarios de su entidad territorial o miembros de las asambleas y concejos, sean consecuentes consigo mismos y se den a la tarea de estudiar y analizar a tiempo si están o no inhabilitados para participar electoralmente. Si lo están no engañen a la gente y declinen en su intención de una vez por todas. No sean tan irresponsables consigo mismos y, sobre todo, con el electorado.

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

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