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Martes, Enero 14, 2020 - 17:53

 

Ya era hora de que en Colombia se apliquen mecanismos para castigar como debe ser a los corruptos. La nación está cansada de tanta injusticia y sería el colmo que los funcionarios de entidades públicas y privadas después de hurtar, falsificar documentos y asignar contratos a dedo entre otros delitos, sigan ‘disfrutando’ de sus picardías a partir de la detención domiciliaria.

Esa medida en lugar de castigar, es cómplice de la alcahuteria y de la impunidad porque en varias oportunidades las autoridades judiciales han encontrado fuera de sus domicilios a funcionarios de alto, medio y bajo perfil condenados  por peculado, apropiación indebida de recursos y adulteración de documentos, haciendo de las suyas fuera del área asignada como casa por cárcel.       

Ya era hora que respetables estamentos como el Senado de la República tome cartas en el asunto, por eso es destacable la aprobación en último debate del proyecto anticorrupción del Fiscal General de la Nación, que elimina cualquier beneficio para los que hayan cometido delitos contra la administración pública.

Con ello se pretende dar una buena lección a los delincuentes de ‘cuello blanco’ y garantizar que los sindicados paguen sus condenas en sitios de reclusión.

Si bien es cierto algunos parlamentarios se oponen a la medida, lo hacen porque tal vez están untados de corrupción o seguramente porque sus amigos y familiares están detrás de turbios negocios.  

De igual manera otros indican que esa propuesta supuestamente acarreará una serie de impedimentos entre los mismos parlamentarios, situación que al parecer retrasaría la aprobación de la conciliación y lo peor de todo es que posiblemente no alcanzará a estar lista hasta la fecha que termina la legislatura ordinaria.

Para las autoridades la corrupción es el peor delito que hay en Colombia, incluso lo califican más peligroso que la violencia.

De acuerdo con un informe de Transparencia por Colombia así se mueve la corrupción a través de una radiografía de los hechos registrados entre el 2016 y 2018.

Según ese informe, el 69 por ciento de los casos de corrupción tiene lugar en los municipios, el 25 por ciento en los departamentos y el 6 por ciento en las entidades del orden nacional.

El 73 por ciento de los casos reportados constituyen corrupción administrativa o en el sector público. La corrupción en el sector privado representa otro 9 por ciento, y la corrupción en el sector judicial equivale al 7 por ciento.

Las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa, pues representan el 46 por ciento de los hechos de este tipo. Entre las irregularidades más frecuentes se identificaron:

Las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa. La adjudicación o celebración irregular de contratos (29 %); la violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la contratación estatal (17 %) el abuso de la figura de contratación directa (8 %) y el detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado (8 %).

 

Juan Miguel Narváez Eraso.

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