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Es muy posible que la liquidación de la Empresa Licorera de Nariño hubiese sido parte de la solución a los graves problemas económicos por los que tuvo que atravesar por muchos años el departamento, hasta el punto de someterse a la Ley 550 de 1999 para sanear sus finanzas.

Terminado este proceso la Administración regional se ufana de ser este uno de los más importantes logros en la reciente historia de Nariño. Lo que no queda claro es que transcurridos 17 años de la liquidación de la empresa hasta ahora no se haya podido sanear el pasivo laboral con todos sus extrabajadores.

Sin embargo, haber liquidado la Industria Licorera de Nariño se constituye en el peor error que cometió la Administración seccional, en ese momento gobernada por Parmenio Cuéllar, porque si bien se le atribuían manejos corruptos, al contrario de encontrar una solución para sanearla se prefirió acabar con la mayor y más productiva empresa que tenía el departamento, y por supuesto la que más fuentes de empleo generaba en una región que, como todos sabemos, históricamente adolece de desempleo.

Llama la atención, a manera de ejemplo, que las últimas administraciones regionales se hayan preocupado por pagarles a los bancos todos sus compromisos y a los extrabajadores se los estrangulara económica y socialmente con el no reconocimiento de las acreencias a que tenían derecho por haberle prestado sus servicios a la factoría durante gran parte de sus vidas.

El saneamiento fiscal del departamento es un gran logro, sin lugar a dudas, pero a un alto costo social. La generosidad demostrada por los autollamados gobiernos alternativos de los últimos años no se compadece con la delicada situación por la que han tenido que atravesar durante todo este tiempo las más de 130 familias víctimas de este trago amargo.

No es justo hablar en tiempos de paz con tanta injusticia, como es el caso que nos ocupa. Tampoco es entendible que parte de lo dilatado de este proceso tenga como responsable al secretario de Hacienda Ernesto Narváez, quien se niega a enviar los expedientes en su poder para que los jueces tomen las decisiones que correspondan.

Es necesario aclarar que el funcionario no atiende la exigencia hecha por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto de remitir los expedientes en su poder, desatención que le ha significado, además, una sanción equivalente a una multa consistente en el pago de 4 salarios mínimos mensuales legales. El pretexto es que no lo hará hasta cuando la Justicia le resuelva el recurso de súplica que elevó para que le sea retirada la sanción.

Una cosa es la sanción pecuniaria y otra muy distinta el requerimiento que le hace el Juez de conocimiento. Lo grave es que se estaría ante un hecho aún más delicado, como sería una presunta violación a un derecho constitucional al impedir con su actuación el acceso efectivo a la administración de justicia. El departamento ya no está en la Ley 550, conocida como la ley de quiebra.

A todas estas, qué opinan los candidatos a la Gobernación de Nariño quienes tendrán que heredar tan espinoso asunto, porque como van las cosas, el ‘Corazón del Mundo’ intentará dilatar este asunto por mucho tiempo más.

Hoy solo podemos entonar un réquiem por nuestra empresa insigne que la asesinaron y le dieron un entierro de tercera, por los trabajadores que murieron desesperados a la espera de que les cumplieran con sus derechos y a los que quedan, que luego de 17 años sufren la desgracia por la indiferencia y desdén del gobierno departamental.

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