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Martes, Abril 26, 2016 - 08:47

No dudo de las capacidades, idoneidad académica y experticia de los tres ternados por el presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Suprema de Justicia para definir el nombre del próximo fiscal general de la Nación. Sin embargo, sus contrincantes en la convocatoria pública cometieron una condición que ya es un consabido “pecado” entre quienes quieren ganarse a pulso un puesto en la Administración pública: ser ajenos a la política.

¿Si Néstor Humberto Martínez, Yesid Reyes Alvarado y Mónica Cifuentes no hubieran sido parte del actual Gobierno y no contaran con fanaticada política detrás de sus figuras estarían hoy por hoy a las puertas de ser los titulares del ente acusador? Sus trayectorias y nombres, impecables y ejemplares en el escenario jurídico, no están en discusión. Pero si es debatible lo disparejo que se convirtió el concurso en el que 153 colombianos más, de carne y hueso como ellos, se presentaron con la aspiración de liderar una institución clave para la estabilidad del país.

Lamentablemente en muchas de estas hojas de vida no habían connotados pasos por la arena política ni el guiño de un congresista, de un expresidente ni de una colectividad entera. No, sus referencias remiten estrictamente a su experiencia en el sector público, privado y sus brillantes carreras académicas.

Ellos, como cientos de miles de colombianos que emprenden la carrera de escalar en la Administración pública han tenido que comprender, de manera sutil o muy evidente, como en este caso, que hay una relación leonina entre la llamada meritocracia y la política.

Que aquí se venga a decir que el concurso eminentemente obedece a un criterio técnico, objetivo, meritorio y ecuánime es un argumento tan falaz que si hoy se le pregunta a buena parte de los colombianos medianamente enterados de la realidad nacional de seguro atinarán a decir que el veredicto final estaba cantado. O no. Casi cantado. Porque a última hora la encrucijada estaba en si entraría o no a esa terna el nombre de Jorge Fernando Perdomo, actual fiscal general encargado, y quien al final se  quedó por fuera del sonajero.

La decisión del Ejecutivo que muchos hoy aplauden y otros no menos cuestionan debe dejar un mal sabor de boca, al que ya se han acostumbrado decenas de académicos del país, quienes, sin embargo, no pueden ocultar quedarse perplejos al apreciar como las instancias de decisión, los altos cargos oficiales y el funcionamiento mismo del Estado está mediado por más que meritocracia.

Lo sucedido con la baraja en que terminó la tal convocatoria pública, a la que por cierto se prestaron de manera incomprensible centros de pensamiento y otras organizaciones ligadas a la academia, demuestra una vez más que aún falta mucho por avanzar en Colombia para contar con una verdadera independencia de poderes, crucial en una democracia, pues no hay nada más grave que detrás de cada decisión institucional exista un retrovisor político. Esos matices no son sanos, pues aunque el país lo ha vivido pareciera que poco o nada se aprende esa lección. Lo que está ad portas de suceder es el mayor ejemplo de ello.

Franklin Torres Mendoza.

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