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Nada más vergonzoso para un país, que se dice demócrata y en donde impera el Estado de Derecho, que lo que acaba de suceder la semana que termina, como es la decisión de la Justicia Especial para la Paz de ordenar dejar en libertad a uno de los cabecillas de las Farc, del que existen todas las evidencias que continuó delinquiendo después de la cuestionada firma del Acuerdo de Paz entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc, en Cuba.

La situación es de tales características que después de la decisión han caído rayos y centellas a tal determinación, incluso de algunos sectores políticos del país, que han defendido a capa y espada las decisiones y los puntos del Acuerdo de Paz en La Habana.

Por supuesto que hoy más que nunca la polarización del país es tan grande, si se tiene en cuenta que la misma que nació como consecuencia del polémico proceso de paz se ha ido alimentando con una serie de acontecimientos que hoy tienen dividida la manera de pensar de los colombianos.

Quienes han salido a defender las actuaciones de este organismo lo hacen más con pretensiones políticas que con otras determinaciones, toda vez que muchos sectores están convencidos que definitivamente la JEP esta vez se equivocó de principio a fin en estas determinaciones.

Por esa razón se hace necesario aprovechar el momento de la actual crisis para de una vez por todas tomar determinaciones que vayan encaminadas a subsanar toda esta serie de acontecimientos y lograr, a través del proceso más viable, que sobre el particular se acuerde un reencuentro entre los colombianos para salir de este atolladero.

Por ahora lo que se debe es acabar de una vez por todas estas consideraciones para evitar que la polarización siga creciendo y en un momento determinante el país se salga de un proceso de gobernabilidad.

No en vano partidos como el Centro Democrático advierten que “estos acuerdos crearon "un cogobierno con el narcotráfico, que imposibilita al Gobierno para combatirlo y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz tratan de ocultar quienes son hoy críticos del Gobierno.

Por ello hay que coincidir que se debe apoyar a la Procuraduría en la apelación para que se acepte que simplemente el delito fue posterior a la firma de los acuerdos y desista de juzgar los hechos, "lo que solamente corresponde al país requirente de la extradición".

Esa apelación debería surtirse sin poner en libertad a Jesús Santrich, aunque la orden para hacerlo fue firmada por el fiscal encargado Fabio Espitia.

De todas maneras, ahora lo que se busca es que entre las diferentes instituciones del país se consolide una causa común para saber hasta qué punto se puede trabajar de manera conjunta en una reconciliación de estas características, para evitar de una vez por todas que el país siga atravesando una de las peores crisis, y al contrario retome las actuaciones que en un país, tan grande como Colombia, se puede lograr.

Y como la democracia es válida, nada mejor que apoyar la propuesta de algunos sectores del país, que han propuesto, ante la sin salida en la que nos encontramos, que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para que sea el pueblo, en su sabiduría, el que dé por sentada la posibilidad de acabar de una vez por todos con estos problemas y salir de este atolladero en el que vive el país.

Por.- Rodolfo Pantoja Pantoja

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