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Domingo, Agosto 4, 2019 - 19:37

Hace años que se le encontraron en Colombia innumerables fallas a la forma como quedó establecida la arquitectura de la Fiscalía General de la Nación, y hace años también debieron hacerse las reformas. Casi siempre se dice aquello de que “nunca es tarde” y, efectivamente, casi nunca lo es, pero en este caso las demoras han venido comprometiendo gravemente la misión estratégica de la justicia en el país.

Los ajustes que deben realizarse son de diverso tipo, unos más urgentes que otros. Destaco el proyecto que se presentó hace unos días al congreso por iniciativa parlamentaria, toca un asunto fundamental: la elección del fiscal general.

El esfuerzo se ha intentado en 14 ocasiones, sin éxito hasta ahora. Los mismos errores que se cometieron desde un principio y que le otorgaron al funcionario un poder tan desmedido, son los mismos que han impedido hasta ahora los cambios.

En un régimen tan presidencialista como el nuestro, se estableció que la designación del fiscal se tramitara mediante la presentación de una terna presentada por el jefe de estado a la Corte Suprema de Justicia, la que entra a escoger entre ellos. Un doble error.

Por una parte, se le dejó libre al presidente la opción de poner a sus amigos más cachas en la terna, y por otra, se le delegó a la Corte la obligación de decidir entre estos quedando finalmente la responsabilidad del nombramiento en manos de nadie, difusa, compartida.

En ese modelo, el fiscal, con un poder infinito, no le responde a nadie por sus acciones. Y hablar de poder infinito es poco: dirige la política criminal, investiga, acusa, aplica los principios de oportunidad, ordena capturas y tiene funciones de policía judicial. Aun así, los costos de sus errores no los paga nadie distinto a él mismo, a quien poco o nada le preocupan las consecuencias.

Aquí hemos visto de todo: impunidad para los amigos, socios y copartidarios y persecución para los opositores; encubrimiento para los grandes negocios y abuso del poder para nombramientos y toda clase de malabares políticos y judiciales.

Y es que no solo el nombramiento es políticamente difuso, la vigilancia del fiscal en manos de la endeble Comisión de Acusaciones de la Cámara ante semejante poder, es absurdo.

Pues bien. Los escenarios que están puestos sobre la mesa son básicamente cuatro: dejar las cosas como están, con el respaldo de exfiscales y políticos favorecidos. Otros proponen que se hagan las cosas al estilo gringo. Allá, el fiscal es designado por el propio presidente, sin ambages, clarito.

Tiene la ventaja de que hay un responsable político de lo que se haga y de lo que no se haga. Pero en un régimen como el colombiano esa mancorna presidente-fiscal probablemente nos llevaría a un desastre. Otros han sostenido que con solo invertir el proceso de ternado quedaría resuelto el problema. De esa forma, la Corte Suprema elaboraría la terna y el presidente elegiría de allí al fiscal. Suena interesante, pero parece insuficiente.

Una tercera vía sería la de los congresistas; es decir, una escogencia ligada a un rigurosísimo sistema de meritocracia, en la que llegue al cargo quien tenga la formación académica y la experiencia suficientes para desempeñarlo; libre de las vergonzosas inhabilidades morales y éticas que han pesado en quienes han ocupado la posición hasta ahora. Para muchos, lo ideal sería acogernos a una cuarta posibilidad que conjugue las fórmulas dos y tres.

Es lamentable que para lograr los acuerdos políticos que hagan posible sacar adelante la reforma, sea necesario aplazar su aplicación para dentro de seis años y no para ahora. Me temo que Duque caerá de nuevo en la tentación de ternar solo a los amigotes de su jefe, y eso traerá, sin dudarlo, otro desastre.

Por Miriam Martínez Díaz

@PazAportes

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