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De manera que ahora que se escapó por una ventana de un consultorio odontológico la señora Merlano, es que aparecieron los problemas carcelarios en el país, y hasta hoy es que nos dimos cuenta de los líos del Inpec, de la corrupción, del hacinamiento, de la vulnerabilidad de un sistema que dizque fue hecho para resocializar, cuando en realidad sirve es para reincidir y violar derechos humanos. ¡Que sorpresa! ¡Antes todo andaba tan bien!

Como no. Para ponerlo en los términos refinados que usa la Corte Constitucional: “La política criminal colombiana es reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos, y por lo tanto una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo” (Sentencia T-388 2013).

Ahí está el meollo del asunto, en la política criminal. La volada de Aida Merlano no es el problema (en todas partes del mundo se escapan los presos si les dan papaya) y la solución no está ni en la flojera que dijo Duque en Valledupar apremiado por un periodista… “Hay que capturarla, la vamos a capturar”, ni en echar a la calle de un día para otro a todos los empleados del Inpec y ni siquiera está en acabar con el Inpec.

El tema penitenciario hace agua por todas partes y desde hace mucho tiempo. El gobierno y los medios se escandalizan por la fuga de la exparlamentaria, salen aparatosamente a buscar responsables, echan al director del Inpec, profieren amenazas, las redes sociales estallan en burlas, pero de la realidad monda y lironda, ni una coma.

En las cárceles hay un hacinamiento atroz (47%), pulula la droga, las organizaciones criminales matan y pican a sus enemigos dentro de las celdas, se trafica con todo, los procesos de resocialización son mínimos, los temas de estudio y trabajo son casi inexistentes, y la infraestructura es deplorable.

Durante los años 98 y 99 se presentaron para estudio del congreso los tres proyectos de ley marco del sistema penal, el código sustantivo, el procesal y el penitenciario. Asistí a los debates movida por mi interés de saber la suerte que correrían los presos políticos en Colombia a la luz de estas nuevas normas derivadas de la Constitución de 1991.

La oportunidad para tratar con seriedad el tema penitenciario era magnífica. Jaime Córdoba Triviño, vicefiscal general para ese entonces y un hombre formado en los derechos humanos, tomó la iniciativa y logró compendiar en su propuesta buena parte de las alternativas que modernizarían el modelo carcelario en el país, nutrió el proyecto con formulas empleadas en los países más avanzados del mundo, puso al estado en su lugar como rector de una política encaminada a la recuperación de los individuos y a la imposición de sanciones proporcionales al delito y no a la condición social o económica de los individuos.

La propuesta contenía un enfoque diferencial de género, de conductas delictivas y separaba inteligentemente a sindicados de condenados. Ofrecía mecanismos para que la empresa privada interactuara en temas de empleo y estudio para evitar la reincidencia, y descifraba con rigor la tarea hoy en día difusa de los jueces de ejecución de penas.

La nueva ley contemplaba incluso con criterio planificador las tasas de crecimiento de la población carcelaria a treinta años y las necesidades de infraestructura con seguridad alta, media y baja y hasta diseñaba los cambios que debían surtirse paulatinamente en el Inpec con métodos de profesionalización, enseñanza y rigurosa depuración de sus fuerzas.

De los tres proyectos presentados, el penitenciario fue el único que no se convirtió en ley. El Ministro de Justicia de esa época, Néstor Humberto Martínez, no quiso que pasara y se atravesó como pudo en cada debate. Todavía conservo la página de un diario nacional que tituló, “Se hundió porque como eso no da votos”. Ahí están las consecuencias.

Por Miriam Martínez Díaz.

@PazAportes

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