Opinión

La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane. En él, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3. Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento. La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento.A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.

Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores. Así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.

Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez