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Lunes, Septiembre 3, 2018 - 09:00

Después de la convocatoria hecha por el presidente Iván Duque Márquez a los principales impulsores de la consulta anticorrupción, a los representantes de los sectores políticos que la apoyaron y también a los que no lo hicieron, el gobierno deja claro que está absolutamente decidido a no transitar los viejos caminos de la confrontación y, en su lugar, ser un permanente motivador de consensos sobre lo fundamental, como lo dijera Álvaro Gómez Hurtado.

La filosofía simple del Jefe de Estado se resume en la inconveniencia de seguir apostándole a la polarización y a continuar gravitando sobre lo que nos divide y nos enemista, renunciando a trabajar juntos para hacer posibles los grandes objetivos nacionales. Tenemos que aprender s identificarnos por lo que nos une y dejar a un lado todo lo que nos separe, es el mensaje presidencial.

En virtud de esa convocatoria que derivó en un pacto contra la corrupción, el primero que se produce en la historia colombiana para combatir un azote económico de las finanzas públicas, que se ha agigantado en los últimos años hasta niveles insostenibles, queda en evidencia que el sello del acuerdo es un mensaje altamente positivo que el gobierno y los partidos políticos dan al país, en el sentido que están dispuestos a trabajar unidos para resolver las urgencias nacionales.

El pacto se convertirá, a no dudarlo, en el rescate de unas propuestas que estuvieron contenidas en las siete preguntas de la consulta, sumadas a las iniciativas del gobierno y de los partidos, mezcla y fusión de la cual saldrá un paquete de leyes destinadas a ponerle freno a las prácticas corruptas en la administración pública, que le significan al fisco nacional enormes pérdidas representadas en billones de pesos.

Al constituirse en una iniciativa fruto del consenso, el bloque de normas que se propondrán al Congreso, tendrán un camino expedito, que responderá por anticipado, al mensaje de urgencia que hará el gobierno.

El compromiso es que al finalizar la legislatura en diciembre, estén aprobadas las leyes anticorrupción, para que de manera inmediata pasen a sanción presidencial y se conviertan oficialmente en normas que deberán tener pleno acatamiento.

Para ello, las entidades de control tendrán que hacer su papel para reforzar la vigilancia y estar listas a utilizar, con todo rigor y oportunidad, las herramientas jurídicas  aprobadas, que esperamos no les permita escapatoria a los corruptos, si es que logran burlar los controles.

No podrá incluirse el punto propuesto en la consulta, que buscaba la reducción a la mitad del salario de los congresistas. Como bien lo aclaró el presidente Duque a los asistentes a la convocatoria anticorrupción, las normas constitucionales que definen el salario de representantes y senadores, es el punto de referencia para determinar los ingresos de los magistrados y los oficiales de más alto rango de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en orden descendente.

De igual manera afectaría la remuneración de los funcionarios estatales, los diputados y concejales, a la vez que podría traumatizar otras escalas salariales. En cambio, una disposición que el país debe aplaudir, es el consenso y aceptación en torno a la congelación del salario de los congresistas y, junto a ellos, de los más altos sueldos oficiales, por un tiempo que deberá ser definido en los debates.

Tendremos, a partir del próximo año, herramientas jurídicas para preservar la no prescribilidad de los procesos judiciales contra los autores de delitos contra el erario público, castigo económico y prohibición definitiva a las empresas que promuevan la corrupción y cárcel sin beneficios de rebajas, más la declaratoria de muerte política a los corruptos que se apoderen de los recursos públicos.

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