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Lunes, Septiembre 16, 2019 - 17:35

Peligro a la vista, para la doble calzada Rumichaca-Catambuco. Los intereses de una mayoría representada por los nariñenses que queremos el desarrollo de nuestra región, para disfrutar de una mejor calidad de vida, basada en más oportunidades de trabajo, están en serio peligro de claudicar ante una minoría poblacional que, como parece ser, tiene más privilegios constitucionales que deberes para con su región y el país.

La alerta, una vez más, la puso la Cámara de Comercio de Pasto, al advertir que si las posiciones tanto del Gobierno, como de los líderes que representan al grueso del cabildo que alega derechos ancestrales sobre el territorio por donde pasará el tramo Rumichaca-San Juan, no hacen pronto un esfuerzo sincero y comprometido con el desarrollo de Nariño para ponerse de una vez por todas de acuerdo en unos compromisos, para darle vía libre a las obras en ese sector, el proyecto estará condenado a sufrir un duro revés que afectará y reducirá los beneficios de conectividad para lo cual se proyectó la inversión vial.

Pero no solamente es la falta hasta ahora de un acuerdo que disipe el riesgo que se cierne sobre el proyecto, el único peligro que amenaza su estabilidad y su feliz concreción al cabo de unos pocos años. Entre las nubes grises que amenazan tormenta está la desinformación sobre la realidad que atañe en este momento a la doble calzada.

Lo que debe tener muy claro la ciudadanía nariñense es que aún el consorcio que construye la obra cuenta con más de un año para lograr el acuerdo con la parcialidad indígena ipialeña. Sin embargo, las partes no se deben relajar. 14 o 15 meses pasan muy rápido y el final de la última y definitiva espera, prevista para el 12 de diciembre del próximo año, nos puede sorprender fácilmente sin haber logrado un consenso.

 El término que se venció en las últimas horas no tiene nada nada que ver, por lo tanto, con el plazo de 24 meses otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI- al consorcio constructor, como último y definitivo lapso para que logre ponerse de acuerdo con los indígenas.

Se trata, sí, del vencimiento del término legal que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -Anla- ha dispuesto para el recibimiento de los estudios que respalden la modificación solicitada por la firma constructora a la licencia ambiental otorgada inicialmente para poder acometer los cambios introducidos al diseño del proyecto.

No tener en cuenta este detalle ha llevado a personas que por su misión y responsabilidad pública por lo que expresan, a confundir lo uno con lo otro, detalle que deja sin piso cualquier análisis que se haga sobre el presente y futuro de la doble calzada Rumichaca-Catambuco.

Volviendo a nuestra preocupación principal, sería demasiado grave que por cuenta de las exigencias inmodificables que han planteado los representantes de la comunidad indígena de Ipiales al consorcio constructor para permitirle ejecutar el tramo que inicia desde el Puente Internacional de Rumichaca y termina en la población de San Juan, la inmensa mayoría que representamos los nariñenses no indígenas y no habitantes de la jurisdicción que corresponde al municipio de Ipiales, nos veamos privados de las oportunidades de desarrollo económico y social que promete la obra en cuestión.

Sobre este proyecto descansa buena parte de nuestras esperanzas de desarrollo económico y social, por lo que frustrar la construcción de un tramo vital para garantizar los alcances con que concebida la obra sería echar por la borda la lucha que los estamentos de la región han emprendido a lo largo de varios años, para lograr que, en tardía justicia y equidad, el Estado construya para el sur del país una de las 4G que se construyen en otras regiones del país.

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