Opinión

“La burocracia defiende el statu quo mucho tiempo después de que el quo ha perdido su statu.” Laurence J. Pete

La universidad pública es el único patrimonio tangible que el pueblo tiene a su haber, la única garantía de poder acceder a la educción profesional de calidad. Desde cuando se fundaron las primeras universidades por allá en el medio evo la condición de estar disponible para recibir al ciudadano en sus claustros para formarlos académica y humanísticamente ha sido su mayor característica junto con la autonomía, pues sin ella la investigación científica y el desarrollo del pensamiento crítico no fueran posible y estas son sus dos principales principios porque como lo puso de presente el científico solo así la universidad podría prestarle un servicio benéfico a la sociedad propiciando el desarrollo científico y tecnológico, alimentar la cultura y formar parte del debate social contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, sin la injerencia del Estado y lejos de las ideologías que lo regentan tras la divisa de un partido y (o) la doctrina de una religión.

La universidad pública debe ser autónoma si es el bastión de la libertad en los países de verdad democráticos, pues no de otra manera pueden coadyuvar con el progreso social, la fundamentación de un modelo económico justo y en la construcción de los marcos legales garantes de la institucionalidad. Que no por otra razón se levantaron a la par con las sociedades modernas y se convirtieron en sus faros.

No por otro motivo los gobiernos totalitarios las cierran cuando no las derrumban para fundar sobre ellas sus escuelas del horror y el abuso. Centros de adiestramiento y reeducación encaminados a reproducir el pensamiento sustento de la dictadura al servicio de los intereses particulares.

Las universidades públicas no pueden perder su independencia, esta no ha de estar sujeta a ninguna tutela ajena a sus fueros que son a los cuales siempre ha de atender para el desempeño de sus funciones, pues es en su sagrada autonomía que basa su acerbo jurídico de donde adquiere sus derechos y la conciencia mediante la cual acepta cumplir con sus obligaciones.

Es esta la condición sine qua non que le permite establece su propia organización y gobierno. Por lo que toda acción por fuera de su institucionalidad universitaria no puede ser sino violatoria de su autonomía y en el ámbito social amplio proclive a favorecer la destrucción de la democracia en pro de la imposición de un régimen autocrático. El que los integrantes del gobierno universitario sean los primeros en desconocer esta condición especial del alma mater y actúen como simples burócratas de cualquier otra entidad estatal, parte del botín clientelista, conlleva a preguntar si tienen bien claro para que ocupan un lugar en los asientos que se les ha asignado por virtud de la autonomía que no son capaces de proteger.

La Constitución política vigente aún en el artículo 69 garantiza la autonomía universitaria para “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

 Si la autonomía universitaria es un derecho constitucional ¿por qué dudar de él en el momento de proceder a resolver un problema relacionado con sus estatutos y más aún de tomar una decisión que solo es competencia de su propio gobierno? Desconocer la autonomía universitaria es ir en contravía de sus propósitos fundacionales que no han sido otros que los de amparar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el libre pensamiento de la avidez de los que detentan el poder en el gobierno, manejan la economía de mercado y de todos aquellos sectores de la sociedad para los cuales la educación no puede ser útil si no puede encaminar sus labores hacia el mantenimiento del orden que les es más conveniente.

Por: Ricardo Sarasty.