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Martes, Mayo 28, 2019 - 16:34

Uno de los peores flagelos que tiene nuestra sociedad es el de la desaparición forzada y en el departamento de Nariño se constituye en un tema supremamente complicado porque ha ido creciendo en la medida de que el conflicto armado se agrava y en hecho que en esta región confluyen todos los actores armados, además de un creciente narcotráfico, el ‘motor’ de esa descarnada guerra.

Recordemos que desde el domingo anterior comenzamos en Pasto y otras regiones del departamento la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que hace más de tres décadas fue instituida en América Latina por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Expertos señalan que hoy es imposible calcular la cantidad exacta de personas cuyos cuerpos todavía no aparecen. Con la firma del Acuerdo de Paz y la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), se revivió la esperanza de volverlos a encontrar, pero la situación se salió de las manos porque pese a la disolución de las Farc como grupo armado insurgente, la violencia no se detuvo y ahora hay más organizaciones beligerantes tanto de delincuencia común como organizada y muchos de estos prestan servicios de sicariato. Sólo en la zona de la costa, piedemonte y Cordillera de Nariño han más de 30.

Entonces es imposible que pare la violencia y fenómenos como la desaparición forzada, porque no ha frenado la guerra. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Cnmh, entre 1958 y el 2017 se registran 82.998 casos de personas desaparecidas registrados en el país. En Nariño las distintas organizaciones señalan que son alrededor de 2.600 víctimas directas del conflicto armado interno y los 3.000 restantes de hechos indirectos, para un total de 5.600 víctimas.

No se puede negar que ahora se ven los esfuerzos de instituciones como la Fiscalía en la identificación de las víctimas y avanzan los procesos en los cementerios. Las autoridades departamentales, defensores de derechos humanos conocieron que en tres cementerios del departamento de Nariño, Pasto, Ipiales y Tumaco reposan los restos óseos de más de 700 desaparecidos y en ese sentido la subsecretaría seccional de Derechos Humanos, Marta Ceballos, precisó que la ubicación de los cuerpos se desarrolla desde el 2016 en los camposantos de dichas localidades, con el objetivo de confirmar si esos hombres y mujeres que aún siguen sin identificar hicieron parte o no del conflicto armado.

Esa labor de búsqueda entre los restos mortales también avanza en Barbacoas Policarpa, Samaniego y Ricaurte, zonas en donde la guerra ha dejado una huella imborrable por todas las perversidades que se cometieron contra las víctimas, y que sigue repercutiendo porque los actores armados se han enquistado en esas regiones por ser geopolíticamente estratégicas para sus intereses.

En ese arduo trabajo de reconocimiento se ha involucrado Agencia Catalana de Cooperación que aporta con un equipo especializado, integrado con las instituciones colombianas, sin embargo es una tarea ardua y mientras pasa el tiempo las familias de los desaparecidos se mantienen en una angustiosa espera. Por eso en los eventos que se integran con las autoridades argumentan que los han dejado solos.

El delito de desaparición tiene carácter permanente y continuado, es decir, mientras no sea localizada la persona desaparecida, el delito se sigue cometiendo y en este sentido se debe seguir trabajando con toda la disposición y tecnología para no sólo identificarlos, sino conocer sus historias de violencia, sin poder dejar a parte la reparación de las víctimas.

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