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Miércoles, Enero 15, 2020 - 17:52

El pasado domingo 12 de enero, la revista Semana abrió su edición destapando el escándalo al que llamaron “chuzadas sin cuartel”, causando conmoción entre los colombianos por la interceptación de llamadas telefónicas, conversaciones de whastapp y correos electrónicos de algunos magistrados, periodistas y políticos, prácticas que se creían haber acabado con el desmonte del DAS.

Entre los afectados se encuentra el ex gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, quien a través de su cuenta de twitter se refirió a las amenazas de muerte que recibió cuando fungía en el cargo y las relacionó con las chuzadas de las que habia sido objeto conforme lo dió a conocer la revista. El descontento es general entre periodistas de diferentes medios al igual que los senadores Roy Barreras, Iván Márquez y la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Conforme a la publicación, las chuzadas veian siendo realizadas a lo largo de 2019, y solo hasta el mes de diciembre fue recopilada toda la investigación realizada al respecto para ser publicada en los primeros dias de este año, fecha que coincide con la renuncia del General Nicacio Martínez, como comandante del Ejército Nacional  argumentando razones de tipo personal. Su salida fue repentina, pero no se anticipaba el efecto que iba a tener su renuncia, toda vez que se liga, su dimisión en en el cargo con las chuzadas que se estaban liderando desde el interior de la mencionada institución.

Las interceptaciones se realizaron desde 2 puntos: La primera operaba en el corazón de Catam y la otra funciona en el cantón de comunicaciones del Ejército, localizado en Facatativá, lo que impidió el allanamiento e incautación de equipos de ciberinteligencia, contrario a lo que ocurrió en la “operación andrómeda” que se realizaban en lugares extraoficiales por lo que las incautaciones era más accesibles que ahora.

Tras el escándalo que salpicó tanto a la institución del Ejército como al propio Gobierno Nacional, el ministro de Defensa Carlos Holmes, se pronunció en la mañana del lunes 13 de enero y afirmó “El gobierno Nacional condena todo acto violatorio de la Constitución, los derechos humanos y la ley”, igualmente pidió a la ciudadanía que confíe en el Ejército como institución respetable y las labores que se desarrollen para investigar estas denuncias.

La censura, persecución e interceptación a la prensa, magistrados y políticos en el país, no son hechos recientes pues ya han ocurrido en épocas anteriores, donde el narcotráfico, guerrilla y paramilitares imperaban en Colombia, por ello hoy en día es responsabilidad de todos los colombianos, denunciar las irregularidades presentadas en las instituciones, porque un país sin memoria esta condenado a repetir su historia.

Por: Gabriela Urbano

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