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Martes, Noviembre 19, 2019 - 17:26

Es indudable que el 21 de noviembre pasará a la historia como una fecha memorable, en la que el pueblo colombiano se rebela en contra las nefastas políticas del presidente Duque, calificado como uno de los peores gobernantes que ha tenido el país. Las medidas de carácter económico son lesivas para los intereses y calidad de vida de los colombianos. El pueblo se levanta para en una sola voz dar un campanazo de alerta porque la situación se ha tornado insostenible.

Por más que lo pretendan negar, las reformas pensional y laboral están en camino. Es el neoliberalismo, al que está sometido el país, el que obliga a cumplir directrices emanadas desde el FMI y la Ocde, a la cual nuestro país está en proceso de vinculación. El FMI es un organismo multilateral, surgido después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de regular los mercados internacionales.

Pero más que otorgar beneficios se convirtió en una sanguijuela que le chupa la sangre a nuestras naciones. A través de los empréstitos embarga las maltrechas economías de los países en desarrollo; para ello, como se vio en Ecuador, ordena que para el desembolso del dinero se rebajen los salarios, se reduzcan las pensiones, se aumente la edad de pensión, se reduzca la inversión social y se vendan las empresas estatales. De esta manera las naciones tienen mayor capacidad de endeudamiento.

Ya lo vimos en Chile, donde el incremento en el transporte público fue el detonante de un levantamiento popular, la verdadera causa fue la reforma pensional impulsada por Piñera que llevó a la ruina a muchos chilenos, pero con grandes beneficios para el sector financiero. Trabajadores en uso de buen retiro tienen una vida deplorable con unas paupérrimas pensiones con el sistema de ahorro individual que lo impulsaron en este país, y que Colombia lo había copiado para otorgarles  grandes beneficios a los dos tiburones hambrientos que son Protegemos del Grupo Empresarial Antioqueño y Porvenir de Sarmiento Angulo.

Entonces, no hay razón para que el gobierno salga a los medios de comunicación a negar que esta política de pauperización se vaya a aplicar en nuestro país. Son los mismos senadores uribistas, asesores y ministros los que anunciaron que se harán reformas tributarias, pensionales y laborales. Entonces, ¿quién le miente al país? 

Pero ahí no para todo. Es bien cierto que tenemos que rechazar el vandalismo y todas las formas de violencia para evitar los daños a la infraestructura pública y privada y las posibles lesiones a las personas, pero a la hora de sopesar daños tenemos que tener en cuenta el detrimento al patrimonio público ocasionado por los ladrones de cuello blanco; según datos dados a conocer recientemente, el desangre económico es del orden de 50 billones anuales.

Es por eso que a través de las redes sociales se desencadenó una campaña de intimidación para tratar de disuadir los propósitos justos y razonables de la marcha del 21 de noviembre. Hicieron un montaje con un encapuchado que invita a atacar a la fuerza pública. Esto no es más que terrorismo de Estado para criminalizar la protesta, desvirtuando el verdadero sentir y el derecho constitucional.

El gobierno tiene que actuar con mayor coherencia entre el decir y el hacer. Por debajo de la mesa se está cocinando una serie de medidas económicas en contra del pueblo colombiano. Para saber esto basta con repasar la historia, conocer el perfil siniestro de entidades que actúan como supra estados, saqueando las riquezas y los recursos naturales de los países en desarrollo.

La protesta es legítima en cualquier país que se llame democrático. Por eso marcharemos con alegría, música, pancartas, banderas y coros que nos permitan expresar nuestra inconformidad con un gobierno incapaz de dar soluciones reales al país, y que por el contrario se dedica decir mentiras como el uso del fracking y el glifosato.

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