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Martes, Marzo 12, 2019 - 09:32

Como ya se esperaba, el presidente Iván Duque decidió objetar parcialmente el texto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que le entregara para sus consideraciones, el Congreso de la República y que servirá de marco legal para la polémica JEP, hoy envuelta en vergonzosos escándalos por corrupción.

Y, también, como era de esperarse, desde la izquierda extrema, al unísono con las Farc, especialmente, han llovido rayos y centellas contra el presidente.

Al ser las objeciones de amplio conocimiento de los colombianos, no es preciso detallarlas en esta columna.

Lo que me pregunto, es si al Jefe del Estado, acertado o no, no le reconocen su derecho constitucional a objetar total o parcialmente una ley, después de que haya pasado por revisión y debate en la Corte Constitucional y el Congreso, ¿por qué, los mismos que hoy lo quieren linchar, aprobaron con sus votos el articulado que le reconoce esa potestad?

Si lo que querían era que Duque juegue un papel de simple firmón de los documentos que le pasan para su consideración, están muy equivocados.

La presidenta de la Corte Constitucional, que es una nariñense, para mucho honor, dejó entrever que el alto organismo podría estudiar las objeciones del presidente para ratificarse o no en el aval que había dado a todo el articulado, pero dejando la salvedad que el texto debía pasar luego, a la sanción del Presidente, quien estaría en libertad de cuestionar o no la ley o parte de ella.

La Constitución misma tiene contemplado los mecanismos que se activarán cuando se presente una situación como la que se ha creado. Si el presidente está absurdamente equivocado, pues será muy fácil desbaratar sus argumentos. Háganlo, pero con el debido proceso.

Si como lo interpretó el primer mandatario al explicar sus decisiones, en los artículos cuestionados por él, repito, en ejercicio de su potestad constitucional a estar o no de acuerdo con un proyecto de ley, se lee entre líneas una turbia intencionalidad orientada a garantizar la no extradición bajo el pretexto de ofrecer colaboración con el esclarecimiento de crímenes atribuidos al conflicto armado, pero sin fijar límites de tiempo y reglas de juego claras para que se dé esa colaboración, es abrir una enorme puerta a la impunidad.

El nombre de ese pretendido artículo tiene por ahora nombre propio: Jesús Santrich, precisamente el jefe guerrillero que estaba buscando salvarse de la extradición a Estados Unidos, pretextando que su aporte al esclarecimiento de los crímenes de guerra en el conflicto, es fundamental para garantizar la verdad sobre cuestionables hechos de violencia.

Ahora tiene su deseo beneficiado con artículo propio en el texto de la Ley Estatutaria para la Justicia Especial de Paz. No es un secreto que la escogencia de la mayoría de magistrados de la JEP, en especial los que tienen la tarea de juzgar a miembros de la fuerza pública y a actores civiles del conflicto, han sido minuciosamente seleccionados de acuerdo con su afinidad con las FARC y las colectividades de izquierda.

La pretensión principal, parece ser, es asegurarse vía Ley Estatutaria, que todos los casos relacionados con juzgamiento de ex Farc y las solicitudes de sus miembros en extradición por supuestos delitos de tráfico de estupefacientes cometidos después de la firma del proceso de paz, queden en manos de la JEP y no de la justicia ordinaria. Es decir que la cúpula fariana, quiere ser juzgada por sus compadres de la Justicia Especial para la Paz.

También, por la ruta de la Estatutaria, se quiere tras bambalinas, garantizar impunidad a los crímenes de lesa humanidad como son cientos de casos de violaciones, abortos forzosos, reclutamiento y ejecuciones de menores de edad, sometidos por años a la esclavitud sexual en el seno de las Farc. ¿Alguien podría defender esta ignominia?, entre otras a las que obedecen las objeciones presidenciales.

 

Por Jaime Calvache

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