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Domingo, Julio 14, 2019 - 18:08

Los dos casos son tan disímiles, que quizás lo único que tienen en común es que ambos giran en el fondo de la órbita de lo penal…

Muchos medios de comunicación que se aprovechan de ese eterno ánimo camorrero con que hacen política Uribe y sus partidarios, han convertido la extradición de Andrés Felipe Arias en un duelo absurdo entre ese caso y la reciente desaparición de Santrich escapándose de la justicia.

El tema es una completa idiotez y un acto de mala fe, no solo de los medios, sino del propio combo uribista. Los dos casos son tan disímiles, que quizás lo único que tienen en común es que ambos están sumergidos en el ámbito de lo penal, con alcances nacionales e internacionales.

La comparación entre los dos personajes, no es más que un cuento chino que le sirve al uribismo para exacerbar los instintos que promueven la polarización, y a los medios de comunicación para explotar ese morbo que fascina a muchos comunicadores y que de alguna forma le sirve a la prensa para vender.

Qué tal ese dicho del Centro Democrático de que mientras un prohombre como Arias se va para la cárcel por una condena injusta y exagerada de 17 años, el exguerrillero bandido de las Farc anda libre a sus anchas por el mundo.

Esas tesis no son más que patrañas: la justicia no puede funcionar como un divertido juego de tenis en el que si uno de los protagonistas gana el otro pierde. Nada de eso. Si un individuo por muy ministro que sea toma para sí recursos del erario público para hacer política repartiéndolos entre sus amigos para que lo apoyen en su candidatura presidencial, ese es un acto de corrupción como cualquier otro y merece un castigo.

Y si un exguerrillero sigue delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz para llenar los bolsillos o para lo que sea y de paso pone en riesgo un proceso tan delicado y complejo como ese, pues también.

El solo hecho de crear o intentar crear esa especie de dependencia entre un caso y el otro, también es corrupción, así se quiera presentar como lo contrario, como un acto de justicia. La trampa consiste en ganarse engañosamente el apoyo de la galería, con la intención de construir un ambiente propicio para fabricar las reformas que sean necesarias para morigerar la sanción de uno de los condenados, cargándole a los jueces la culpa de un supuesto desequilibrio entre las penas aplicadas a diferentes delincuentes.

Tan pronto llegó extraditado de USA el tal Uribito, los congresistas de su partido anunciaron otra vez la presentación nada menos que de una Reforma Constitucional con la que buscarían dar aplicación a la segunda instancia para aforados con carácter retroactivo.

Solo para mencionar algunos casos (si es que pasa la reforma en el congreso) eso supondría la reapertura de todos o al menos de buena parte de los procesos y condenas proferidos contra más de cuarenta y cinco congresistas condenados por la parapolítica. Insisto, eso para mencionar solo unos casos. Hay que recordar que la única instancia en la Corte Suprema de Justicia se inició desde 1991 (hace 28 años) para los funcionarios de alto rango del estado (cientos o miles no se la cifra) que contaban con fuero constitucional y a muchos de los cuales se les adelantaron investigaciones y juicios dentro de ese modelo jurídico. De pasar esta reforma, el desajuste institucional sería monumental y costosísimo para el país, y todo para salvarle el cuero al amigote y compinche del expresidente.

De tramitarse estos cambios, estaríamos ante un desafuero inaceptable del poder: un nuevo desmadre que pondría al maltrecho estado de derecho colombiano en la picota pública, y convertiría la independencia de la rama judicial, tantas veces en duda, en una verdadera estafa al servicio de los caprichos del gobierno de turno.

 

 Por Miriam Martínez Díaz

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