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Miércoles, Junio 20, 2018 - 15:57

En la conmemoración del Día internacional del refugiado y desplazado interno se volvió a mostrar que la situación es crítica en el departamento de Nariño, que se encuentra en segundo lugar después de Chocó con el más alto número de víctimas por este flagelo como consecuencia de la reactivación de la violencia luego de la firma del Acuerdo Final con las Farc en diciembre de 2016.

Luego de que en el 2016 bajaran los desplazamientos frente a 2015 y años anteriores, en el 2017 hubo un crecimiento vertiginoso y según el Registro Único de la Unidad de Víctimas, en este año 54.684 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Mientras en Chocó se contabilizaron 9.684 víctimas, en Nariño 7.776, superior a las de Antioquia, de 6.982.

Los epicentros de este fenómeno en Nariño son Tumaco, Francisco Pizarro, Santa Bárbara, El Charco y Policarpa. Es decir se ha disminuido el radio de acción, cuando antes estos desplazamientos se registraban en el 60 por ciento del territorio, pero los desplazamientos han sido más grandes, es decir con mayor número de víctimas.

Se ha podido constatar que el 45 por ciento de los éxodos masivos se dan por enfrentamientos entre grupos armados, seguidos por acciones y amenazas de actores desconocidos y por bandas criminales. En la costa y el piedemonte 13 grupos, entre disidencias y paramilitares presionan y mantienen en constante riesgo a las poblaciones civiles afrodescendientes e indígenas Awá y Eperara Siapidara.

Recordemos que a comienzos de este año Fundepaz entregó unas cifras preocupantes de violencia política en nuestro departamento con un incremento del 30.7 por ciento. Indicaba que el reclutamiento forzado creció en un 133 por ciento, se produjeron 277 eventos y surgieron 7 grupos armados de las disidencias de las Farc.

Con este panorama desalentador hemos marchado el primer semestre de 2018 y con una tendencia a agravarse en el segundo, si se tiene en cuenta que con el nuevo presidente se activará la denominada Seguridad Democrática y el conflicto podría agudizarse en Nariño.

Si volvemos a los datos oficiales, la Unidad de Víctimas señala que desde 2012 a la fecha 414 mil víctimas del conflicto armado en el departamento han declarado su situación por desplazamiento. Puede haber muchas más, pero ese es el registro, que si vemos es elevadísimo, casi la cuarta parte de toda la población del departamento o mejor, una de cada cuatro personas sufren por este azote.

De las 414 mil víctimas entre el 2012 hasta la fecha se han indemnizado 15 mil 522 desplazados. En 2017 han favorecido a 4.948 y en 2018 a 462. Es decir que la cobertura de las reparaciones es exigua, mientras la cifra crece cada día.  

Estadísticas de la Gobernación precisan que en el 2017 se produjeron 14 desplazamientos masivos con 1.199 familias afectadas, equivalente a 3.859 personas damnificadas. En lo que va de este año se han producido 7 desplazamientos masivos con 447 familias afectadas, equivalentes a 1.477 personas damnificadas, cifras que distan con las del Registro Único de Víctimas.

Nariño, al igual que los departamentos ubicados en el Pacífico colombiano y las zonas de frontera, están a la expectativa de cómo el nuevo gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto, manejará el tema de paz con los grupos armados y de esto depende la estabilidad de estas regiones o la agudización del conflicto.

Confiamos que Iván Duque dé una respuesta positiva a las solicitudes del Ejército de Liberación Nacional, Eln, de continuar los diálogos de paz que están en este momento en su quinto ciclo, en los que se ha logrado reducir los ataques de este grupo y que declare el cese unilateral del fuego, que como se observó fue el factor que permitió celebrar tres elecciones entre marzo y junio, en un ambiente de completa normalidad, diferente a la situación de intensa violencia de otros procesos democráticos.

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