Opinión

Los conflictos no cesan en América y ahora la tendencia se va haciendo cada vez más fuerte pues diversos pueblos comienzan a pedir la renuncia de sus presidentes. La salida de Donald Trump marcó la insatisfacción con mandatarios autoritarios que no responden a los intereses de la gente y creen que son entes divinos con fuerza omnímoda.

En Guatemala, el actual mandatario, Alejandro Giammattei, ha sido cuestionado profundamente por su manejo del estado y, especialmente, por su postura ante la pandemia. En agosto de este año se dirigió al país para decir que su gobierno ya había hecho todo por los ciudadanos y ahora era de cada uno la responsabilidad de no enfermarse usando mascarillas y manteniendo distancia social. A continuación, abrió el comercio y amplió las opciones de reunirse públicamente.

Sin embargo, el motivo que ha desatado las mayores protestas desde hace cinco años cuando quien fungía como presidente, Otto Pérez Molina, quien fue puesto en prisión (similar a Perú), ha sido decretar de modo solapado un presupuesto que disminuye claramente los dineros para salud, educación, apoyo a los sectores indígenas que son casi la mitad de la población, y lo más preocupante que se recorta casi en un 50% lo correspondiente al Organismo Judicial con el fin de detener todos los procesos penales, investigaciones de malversación, recortar planta de personal, incluso delitos financieros, entre otros.

Sus partidarios han dicho que todo es hecho por ‘comedores de fríjoles’ (la clase trabajadora) pagados para destruir la nación, en un intento de golpe de estado atribuido a un enemigo externo que nunca ha sido identificado, y que la quema del Congreso es de grupos extremistas ya que encapuchados son los autores materiales. Lo preocupante es que dicho grupo utilizó tácticas que los agentes del estado han usado por más de medio siglo.

Actualmente Guatemala está entre los países con más alta corrupción del mundo, con exterminio de un cuarto de millón de personas durante la represión que duró 36 años, cuya población se mantiene en un 60% por debajo de los índices de pobreza. La entrega de la minería, petróleo, producción, servicios básicos, unido al clientelismo y la corrupción endémica, han causado grandes movilizaciones que piden como solución una Asamblea Constituyente.

El mandatario, elegido por menos del 25% de la población, ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) que le ayude a resolver sus problemas, lo que devenido en mayores protestas ya que esa institución desprestigiada es responsable del pronunciamiento militar en Bolivia y siempre ha trabajado con la potencia del Norte.

Así las cosas, lo más seguro es que exista manifestaciones mayores, se intente revisar el presupuesto, el vicepresidente pueda ser una ficha para atenuar la crisis y definitivamente se compruebe que Latinoamérica está en un nuevo proceso de efervescencia debido a que respetar sus derechos sociales no han sido considerados como parte del deber gobernante.

Por: Carlos Santa María