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Sábado, Julio 13, 2019 - 17:25

En Colombia no hay día en que el flagelo de la corrupción aparezca en sus diferentes modalidades de la vida nacional. Prácticamente, es el ·cáncer” del sistema democrático del país. Y esto está conllevando a que se obstaculice el desarrollo político, social y económico y dificulte la convivencia civilizada.

Por todos los casos de corrupción que han puesto al descubierto y en donde muchas veces la impunidad judicial, disciplinaria y fiscal camina de su mano, se ha llegado a la conclusión que al grado de que ella aumenta mientras mayor sea el área de poder del funcionario, más vasto el monopolio de los sectores bajo su dominio y menor la transparencia que rodee su actividad.

Frente a la corrupción habrá, entonces, hombres corruptos o corrompidos que denotan la existencia de una sociedad decadente, confusa y con pocas expectativas en su futuro, lo cual influye a que las personas observen los problemas de la colectividad de manera distante, se arraiguen a criterios individualistas e insolidarios.

Dentro de ese contexto, si bien las elecciones son uno de los pilares fundamentales de los regímenes democráticos, lo cierto es que ellas no garantizan la calidad de las mismas porque lastimosamente la “corrupción electoral se ha convertido en una de las peores formas de corrupción”.

El presidente Iván Duque acaba de hacer el lanzamiento del Plan Ágora, con el cual el gobierno espera brindar toda la trasparencia y la seguridad en las elecciones regionales del 27 de octubre próximo.

En ese sentido, el Jefe de Estado ha solicitado la cooperación armónica de los organismos de control, investigación y judicial para ponerle fin a la compra de votos; poder identificar, de manera temprana, quiénes son los que están sacando tulas y fajos de billetes para comprarles a los ciudadanos su conciencia y arrebatarles su libertad cuando van a las urnas.

Efectivamente, en el Código Penal en  su capítulo relacionado con los delitos contra los mecanismos de participación democrática se estipula que quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y los que utilicen recursos para su financiación de fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión hasta de 8 años de prisión, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y altas multas que llegan hasta los 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, son escasas las condenas que conoce este país frente a los delitos contra el sufragio”, y, por ende, “son muy pocos los ciudadanos que están en las cárceles por cometer delitos que atentan contra el debido adelantamiento de las elecciones”.

Y a propósito de la corrupción electoral, en los últimos días se ha denunciado que el grupo empresarial Odebrecht ayudó a financiar con 3.894 millones de pesos la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos-Vargas Lleras 2014, de los cuales 700 millones dicen que fueron a parar a varias regiones del territorio nacional, entre ellas Nariño, en donde Santos obtuvo una significativa votación.

Pero aquí, sobre el particular, los directivos que estuvieron al frente de la Campaña Santos, en su calidad de gerentes, coordinadores o tesoreros, no exhalan ni un  suspiro, ni una queja. Se guarda un misterioso silencio sepulcral.

De todos modos, esperemos que ahora con el Plan Ágora se permita encontrar, denunciar y sancionar a los que cometen delitos electorales y no nos quedemos con muy buenas intenciones y muy buenos tipos penales, pero cárceles vacías por quienes han cometido esos hechos.

 

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

solarpastas@hotmail.com

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