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Domingo, Octubre 7, 2018 - 21:11

Con la consulta anticorrupción y sus resultados, producto de lo cual se instaló una Comisión Técnica para negociar las leyes por redactar y tramitar en el Congreso, desde el poder ofrecen un cambio que todo parece indicar que no será. Como en toda la historia nacional, un recurrido galimatías logra lo contrario de lo que anuncia. 

Hoy en día, un mes y tres semanas después, el escenario parece similar. La consulta se hizo. Con significativa votación pero sin llegar al umbral de 12.140.342, que se exigía para que fuera vinculante, en términos jurídicos. Desde entonces han argumentado, en consecuencia, que se trata, de todas maneras, de un vigoroso mandato político. Y así parecen haberlo tomado todas las vertientes políticas parlamentarias y el propio gobierno de Iván Duque, quien inmediatamente tomó la iniciativa de convocar una espectacular ‘Cumbre Política’ llevada a cabo tres días después de la consulta. 

Espectacular no solo por la publicidad sino por el éxito de la convocatoria; no faltó ninguno, ni siquiera el odiado partido Farc; “una cumbre sin antecedentes que va a cambiar muchas cosas” tituló la prensa; la primera expresión del “pacto nacional” ofrecido por Duque, celebraron no pocos comentaristas.

Allí se aprobó por unanimidad, bajo el nombre de “estrategia anticorrupción”, la creación de una “mesa técnica”, integrada por delegados de todos los partidos y presidida por la ministra del Interior. 

La propuesta de la Consulta Popular no fue cosa de improvisación. Era la primera de carácter nacional pero tenía el antecedente de las consultas populares municipales llevadas a cabo en todo el país, principalmente para rechazar los proyectos minero-energéticos y el de las consultas previas que, por centenares, se han adelantado con las comunidades étnicas, por obligación constitucional pero casi siempre por idénticos motivos.

La misma figura de democracia participativa que ahora, simultáneamente, se intenta reglamentar –léase recortar y desnaturalizar– en favor del “desarrollo” y la “seguridad jurídica” a partir de un proyecto de ley presentado por Cambio Radical. Tenía además una larga historia.

Con todo, las discusiones jurídicas han sido, hasta cierto punto, lo menos importante; lo que cuenta es el significado político que ha de atribuírsele a esos 11.670.000 votos. Para muchos comentaristas se trata de un verdadero acontecimiento histórico, una pacífica insurgencia ciudadana, comparable solamente a la “séptima papeleta”, nunca escrutada, que le habría dado impulso a la realización de la Asamblea Constituyente de 1991.

Una expresión de las “ciudadanías libres”, un tanto análoga a la votación por Gustavo Petro, dirían otros. Los dos principales diarios del país saludaron y valoraron también, en sus editoriales, los resultados de la consulta. No obstante, hay razones para dudar de este diagnóstico que pondera el resultado como avance y profundización de una renovada conciencia política de cambio.

Los datos de la consulta, tomados geográficamente, deberían llamar a la reflexión. Además de que el porcentaje global, aunque cerca del umbral, no es tampoco gran cosa, la verdad es que nuevamente Bogotá, con casi 46 por ciento para más de dos millones seiscientos mil votos es la que garantiza los resultados.

Basta añadirle las grandes ciudades aunque en la mayoría, por cierto, no se llegó ni al 30 por ciento de participación. Y algunos de los departamentos más poblados como Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Tolima, en la mayoría de los cuales tampoco se superó el umbral. El socorrido argumento de lo urbano vs. lo rural no es convincente. E insuficiente el de la falta de publicidad. Y resulta un tanto indigno culpabilizar de los resultados de Antioquia y de la costa caribe a la falta de compromiso de Fajardo y Petro respectivamente.

Llama la atención la escasa participación en las regiones más afectadas por la violencia. ¿Se trata, como en el caso del pasado triunfo del uribismo, de una combinación de clientelismo y terror? O será que el pueblo colombiano odia tanto la política que no acepta votar ni siquiera contra la política.

La famosa Comisión Técnica ya entregó un resultado parcial. Se acordó reducir la remuneración de los congresistas a 25 salarios mínimos legales; a partir de las próximas elecciones a Congreso dentro de cuatro años, claro está. Y limitar el número de periodos a tres, desde luego también a partir del próximo periodo. Lo demás, continúa en discusión. Ofrecieron entregar resultados definitivos.

Sin embargo todo quedará luego en manos del actual Congreso que se ha dado un plazo hasta mediados de diciembre para aprobar los proyectos. Lo que puede suceder que todo termine en unas leyes engañosas conforme a lo que ha sido la tradición colombiana. Es la disyuntiva. Un paso adelante en la lucha contra la corrupción o una hazaña más del gatopardo.

 

Por:  Guillermo Alfredo Narváez.

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