Opinión

Es reconocida la crisis que marca a la educación superior en Colombia desde años atrás, en particular a la universitaria. La coyuntura que hoy atraviesa el país, la resalta, pero no podemos desconocer que viene desde tiempo atrás. Superarla demanda encarar de manera apropiada los retos abiertos para ella por las improvisaciones y cambios de diverso tipo a que obligó la pandemia en curso.

Es conocido y reconocido, cada crisis abre retos, a unos, intimidados por sus efectos, los puede congelar, ahondar el statu quo e incluso empujarlos a momentos negativos ya vividos, pero a otros los puede animar a un avance, a ensayar cambios, y así puede ser porque la crisis también porta el germen de la oportunidad.

De esta manera, la crisis que hoy vive nuestra sociedad producto de la pandemia propiciada por el Covid-19, en el caso de la educación terciaria en Colombia más que a “reinventarse” abre el reto de “replantearse”. Y así debe ser ya que el sistema de educación superior antes de la pandemia ya padecía varios desafíos sin resolver: desfinanciamiento en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, cobertura insuficiente, y hacer frente a las dinámicas disruptivas que plantea el desarrollo de las TIC, entre otros.

Es así como puede afirmarse, tomando lo argumentado por Rincón y Espitia  que la educación superior pasó de estar enferma a estar en cuidados intensivos. Por ejemplo, el número de matrículas en el “sistema” de educación superior ha dejado de crecer al ritmo que traía desde 2006 y su tendencia creciente parece revertirse prontamente desde el año 2015.

Estudios estadísticos demuestran que, existe un lento crecimiento de las matrículas, explicable por el marcado descenso en el número de estudiantes nuevos en las universidades, en lo fundamental, en pregrado.

Esta realidad, enfrentada a las circunstancias abiertas en esta coyuntura, permite preguntar si el uso de los canales virtuales intensificados por el confinamiento padecido por la sociedad se advierte como una forma de garantizar el derecho a la educación. Si así fuera, vale este interrogante: ¿La conectividad y el acceso a internet también deberían ser derechos fundamentales?

De ser así, el esfuerzo estatal debería estar encaminado en dos sentidos fundamentales.

Primero. Dotar de una computadora a cada joven del país, lo cual parece un sueño, pero si el gasto del gobierno no se desperdicia, como hasta ahora.

Segundo. Facilitar el acceso a internet gratuitamente en todo el territorio nacional. Es necesario avanzar en la conectividad como derecho cuya concreción no puede esperar más dilaciones ni vacilaciones, y requiere el concurso de manera conjunta del sector público, pero también del sector privado, un concurso en especial en lo referente a las poblaciones ubicadas en zonas rurales alejadas en las que habitan campesinos, indígenas y poblaciones afro, comunidades históricamente rezagadas en cuando a la concreción de sus derechos fundamentales, golpeadas por la guerra y olvidadas históricamente por el Estado. La traba principal es que la nación no cuenta con siquiera un satélite de comunicaciones, mientras Ecuador tiene tres.

Para otra columna dejamos la labor por hacer para cambiar la educación superior en Colombia. Ella comprende tres misiones prioritarias, que hoy solo las destacamos, numerando y nombrándolas.

Es así como, si nuestra sociedad asume la crisis como oportunidad le estaría negado volver a la “normalidad”, para cumplir el derrotero que hoy solo mencionamos.

Misión 1: la investigación. Misión 2: la docencia. Misión 3: la extensión

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez.