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Sábado, Marzo 16, 2019 - 17:34

“La limpieza o exterminio social”, es una modalidad delincuencial consistente en sanear, limpiar, a la sociedad de aquellas personas que, aparentemente, son consideradas como un peligro, una gran carga y que, por ende, no le prestan ninguna utilidad específica.

 Ese tipo de acciones que traman y ejecutan ciertas bandas criminales, en forma directa unas veces o terceros con su colaboración, contra líderes sociales, pordioseros, ladrones, drogadictos, locos, pandilleros, miembros de la comunidad Lgbti, etc., ya no es un asunto que implica a las grandes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali.

 De acuerdo con las informaciones que a diario se dan a conocer respecto a asesinatos de personas cuyos cadáveres han sido encontrados en barrios, calles y carreteras de municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, entre otros, permiten deducir que “la limpieza o exterminio social”, empieza a extenderse por el departamento de Nariño.

Si bien todavía no se presentan homicidios de carácter colectivo, sino más bien de una manera individual, es motivo suficiente para que los organismos de investigación y seguridad del Estado tomen los correctivos necesarios con el fin de establecer quiénes son los autores intelectuales y materiales de tan espeluznante y arbitraria forma de “saneamiento y depuración”.

Sin embargo, los sumarios respectivos empiezan y terminan con las actas de levantamiento y de necropsia. Una absoluta impunidad cobija esta criminalidad que se ampara en el misterio.

 Es verdad que las autoridades competentes necesitan o requieren de la participación ciudadana en el esclarecimiento de los móviles que permitan detectar a los gestores de este tipo de hechos punibles. Lastimosamente la gente no colabora porque “piensa que la tormenta que se llevó al difunto se llevará también a su testigo”.

La delincuencia que nos ahoga, requiere por todos los flancos que se le salga al paso para que el tétrico “exterminio social” no gane fuerza en el territorio nariñense.

Pues, dentro de esa estructura organizativa delincuencial, quienes están cometiendo a diario asesinatos en Pasto y en otros municipios del departamento, tienen montada una verdadera “empresa productiva de muerte, que inicia con el panfleto amenazante que precede al homicidio, a la desaparición o a la paliza, tal y como sucedió en los años cincuenta del Siglo XX, en donde los “bandoleros” dejaban el papel sobre los cadáveres a manera de ejemplo y escarmiento para los demás.

Pero lo peor de todo esto es que ese macabro negocio está ocurriendo ante los ojos de las denominadas autoridades competentes, las cuales, hoy en día, sólo se complacen en organizar reuniones que denominan “Consejos de Seguridad”, para “conversar” amenamente de otros temas, menos sobre cómo garantizar la seguridad de quienes cargan sobre sus hombros la amenaza de muerte.

De las operaciones de aniquilamiento no se habla. No aparecen en los programas de Gobierno, no forman parte de las campañas políticas, tampoco son motivo de preocupación para los gobiernos de los departamentos y los municipios, pese al mandato constitucional que les corresponde de proteger la vida de todos los colombianos.

No olvidemos que “La muerte de aquellas personas que son objeto de “exterminio social es injusta. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta (...). Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quién es útil, bueno y merece seguir con vida”.

 

Por. Luis Eduardo Solarte Pastás

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