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Domingo, Septiembre 2, 2018 - 15:53

Es lamentable saber que el promocionado proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc es más los perjuicios que le ha reportado a nuestro territorio, que los presuntos beneficios de los que tanto se habla.

Esto es deplorable, puesto que como todos sabemos el departamento de Nariño ha sido una de las regiones del país más duramente afectados por el conflicto interno, lo que se traduce en muertes y destrucción, en medio de una violencia que predomina por doquier.

Ahora, para completar el oscuro panorama resulta que en un informe que acaba de entregar la Contraloría General de la Nación a la Justicia Especial para la Paz, JEP, se revela que nuestro departamento fue desangrado con el desvío de recursos públicos que debían ser utilizados para inversión social, pero en cambio en una aberrante acción fueron utilizados para ayudar a la guerrilla de las Farc para desarrollar sus múltiples actividades criminales.

Esto es una actitud inaudita, puesto que se le quitó esa plata a la población vulnerable de municipios como Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en detrimento de miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Fueron casi siete años de robo descarado en los que se les arrebataron 3.092 millones de pesos a Tumaco, 2.427 millones a Barbacoas y 217 millones a Ricaurte, para un gran total de 5.400 millones de pesos, que supuestamente tenían que ser invertidos en obras sociales, pero de acuerdo con las investigaciones de la Contraloría a la Justicia Especial para la Paz, esto nunca ocurrió.

Nos estamos refiriendo a un episodio de extrema gravedad, en el cual no solo estuvieron involucrados integrantes de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, sino funcionarios públicos y personal civil.

Ante tan delicada situación le corresponde ahora a la JEP ahondar de manera profunda en este informe de la Contraloría, para proceder de manera inmediata a la plena identificación de quienes se valieron de los recursos públicos para usarlos en la guerra.

No nos extraña de ninguna manera que los municipios costeros de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, hayan sido el epicentro de estas anomalías, puesto que como todos sabemos, las mencionadas zonas fueron, y lo siguen siendo, escenario de los más intensos hechos de violencia relacionados con el conflicto armado.

Esperamos entonces que no se escatime ningún esfuerzo en el marco de esas investigaciones, puesto que desvíos de tal magnitud solo se pueden hacer con la complicidad de funcionarios públicos y por ello estas personas deshonestas que despojaron de los recursos a las poblaciones necesitadas para entregárselos a los alzados en armas, tienen que ser identificados y castigados de manera severa.

La triste realidad es que cosas como estas nos vuelven a mostrar con claridad que la paz todavía no se siente en la región y en ese sentido es mucho más lo malo que los hechos positivos.

Y ya que se toca este tema, esta es la hora en la que aún no tenemos ninguna noticia sobre los tan anunciados y cuantiosos beneficios en inversión social, que se iban a ver en varias de las regiones de Nariño en la llamada etapa del posconflicto que al menos aquí en nuestro departamento es hoy una utopía.

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