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Domingo, Enero 12, 2020 - 18:22

 

Presentamos en esta primera columna del año un ajustado resumen de los principales temas tratados en ella por su importancia el año pasado.

En Colombia la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del general es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra.

 

Por: Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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