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Sábado, Junio 22, 2019 - 16:49

Las Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) nacieron a la vida jurídica con la expedición de la Ley 19 de 1958 bajo el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, con la finalidad de “permitir que los gobiernos locales contaran con “la cooperación de vecinos para construir carreteras, puentes y caminos vecinales, viviendas, y hasta mejorar escuelas, entre otras tareas voluntarias en obras de infraestructura y prestación de servicios”.

Desde ese entonces y hasta la vigencia de la Constitución Política de 1886, las JAC coadyuvaron, en la medida de sus posibilidades, a que las comunidades pudiesen solucionar algunas de sus necesidades, gracias a los denominados Auxilios Parlamentarios, los cuales consistían en la distribución de recursos económicos del presupuesto nacional  que se asignaban a los senadores y representantes  para que sean entregados a tales organizaciones.

Por ello, no era raro observar a muchas personas muy interesadas, por no decir que se peleaban, por ser directivos de las JAC.

Si bien, los Auxilios fueron un punto de apoyo económico en el trabajo de las  JAC, la verdad es que también sirvieron para chantajearlas y manipularlas políticamente. Pues, muchos congresistas aprovecharon la ocasión para exigir votos a la comunidad a cambio de dinero.

Y esta situación en últimas conllevó a que a que las JAC se politizaran hasta tal punto de convertirse en una especie de feudos electorales que, además, servían como canal para desviar recursos. Por esto, muchas de ellas perdieron credibilidad y respeto porque sus directivos mandaron al traste los nobles y altruistas ideales con los que se crearon.

Para acabar con esas conductas, que rayaban con figuras delictivas, se incluyó en la Constitución Política de 1991 el artículo 355, en donde se estipuló que: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”.

Prácticamente, esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente fue un golpe mortal para las J.A.C. y en alguna medida a los parlamentarios de les enflaqueció la “gallinita de los huevos de oro”.

Frente a esas circunstancias, hoy en día, las JAC, salvo muy pocas excepciones, son una especie de “pordioseras” con un marcado interés politiquero que tratan de subsistir de alguna manera, en las cuales sus directivos deambulan  de un lado a otro, costeándose su propio desplazamiento en procura de obtener de los gobiernos municipales cualquier tipo de ayuda que les permita siquiera demostrar que si están trabajando por su comunidad, aunque no sea mucho lo que puedan hacer por ella.

Sin embargo, y con la finalidad de corregir en algo todos los males habidos y por haber que caracterizan a ciertas JAC, el Congreso de la República, en medio de los bochornosos espectáculos que genera dentro de su trabajo legislativo, acaba de aprobar una la Ley busca fortalecer la organización y el trabajo de las Juntas de Acción Comunal.

Es así como la nueva Ley establece que las entidades territoriales podrán entregar incentivos a las JAC y a sus dignatarios, en relación con la labor que ellos realizan, les facilitará el ingreso a programas técnicos, tecnológicos, profesionales o de formación continua con el apoyo del Sena y de la Esap y aliviará las cargas económicas de los salones comunales.

Ojalá que todo lo que ahora se promete en beneficio de las J.A.C, llegue a ser una realidad para que recobren el protagonismo social y comunitario que perdieron con el tiempo.

Por: Luis Eduardo Solarte Pastás

solarpastas@hotmail.com   

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