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Miércoles, Abril 24, 2019 - 15:45

La tan defendida Jurisdicción Especial para la Paz, a la que quienes se han dado a la tarea de incendiar el país a punta de paros y de marchas viciados por oscuros intereses políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2022, nunca se han atrevido a cuestionar, sigue dando pasos agigantados para convertirse en otra vergonzante cloaca de la corrupción en Colombia.

Ahora resulta que le están haciendo vulgarmente “conejo” a un grupo de magistrados suplentes que fueron seleccionados como tales con todas las exigencias y el debido proceso que ordena la Constitución.

Sin embargo, ahora son víctimas de una vergonzante mamadera de gallo de parte de quienes en su condición de directivos y magistrados principales de la JEP, han conformado una asociación para delinquir, violando  con descaro absoluto disposiciones constitucionales, en contra de los derechos adquiridos de estos magistrados que llevan meses esperando que la polémica entidad los llame a tomar posesión.

De nada les ha valido los numerosos recursos legales que han interpuesto ante las instancias correspondientes como tutelas, demandas de nulidad y denuncias ante la Comisión de Acusación del Congreso. Quienes mal gobiernan la JEP creen que están por encima de la Constitución y la ley, instancias a las que tanto invocan cuando así les conviene.

Los afectados narran que al interior de esa jurisdicción, se dieron a la tarea de inventarse un reglamento interno en el que fueron cambiando una a una las funciones que la ley asignó a los 38 magistrados suplentes que debe tener en su nómina esa justicia especial.

Los magistrados principales, actuando con delictuoso interés propio, se auto abrogaron esas tareas con tal de aplazar, todo lo que se pueda y mejor ignorar definitivamente la posesión en los cargos que en franca lid compitieron y ganaron sus suplentes, que deben cumplir con los mismos requisitos académicos y de experiencia que ellos. Por eso están capacitados para reemplazarlos en cualquier momento.

Con ello, como lo llaman los afectados, los convirtieron en simples conjueces que no tienen el status profesional ni las funciones para las que fueron seleccionados.

Según lo que ordenan las normas que definen este tipo de actuaciones al interior de la JEP, convertida en una republiqueta en la que cada quien se cree con potestad de crearse sus propios reglamentos según le convenga, los magistrados suplentes deben hacer parte de la nómina, porque como lo establecen las normas internacionales de la justicia transicional que debe observar y acatar esta jurisdicción, ellos tienen la función de reemplazar a los magistrados titulares en sus faltas temporales o absolutas y participar activamente de las tareas de descongestión laboral, un problema que para la JEP se ha convertido en una bola de nieve.

En lugar de proceder a posesionarlos, según la denuncia, con el objetivo de que los magistrados suplentes no lleguen nunca a esa jurisdicción, se inventaron lo que llamaron la “movilidad horizontal y vertical”, figura mediante la cual los magistrados titulares se autorizaron a sí mismos a pasar de una determinada sala a la que pertenecen, a otra en la que legalmente no les corresponde participar, con el pretexto de contribuir a su descongestión, tarea en la que toman decisiones para las que no fueron contratados y que, por lo tanto, carecerían de validez. Esa función, precisamente, les corresponde a los suplentes.

Esa movilidad horizontal y vertical, aseguran, es una transgresión al principio natural del debido proceso, una violación de manera flagrante al estado social de derecho y, por lo tanto, todo lo actuado por ellos es absolutamente inexequible.

Y esta vulgar estratagema, que ha contado con la complicidad por acción u omisión de la presidenta de la JEP, es la que más los ha motivado para acudir ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia en la que ya instauraron la respectiva denuncia.

Dicho recurso, de carácter penal y disciplinario, les atribuye a los magistrados de la JEP delitos relacionados con fraude a decisión judicial, tráfico de influencias y falsedad en documento público, incumpliendo con ello el acuerdo de paz, del que tanto se duelen y el acto legislativo que le dio vida a la jurisdicción.

Veremos entonces si estos individuos están o no por encima de la Constitución y las leyes de nuestro país.

Por: Jaime Calvache

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