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No se puede ni debe negar: Colombia está terriblemente polarizada, pero se debe pensar que nuestra textura social no puede quedar atrapada en las polarizaciones que anulan nuestra imaginación política. Tenemos como país enormes desafíos que trascienden las divisiones coyunturales. 

El primero de todos es el de parar la muerte, o su reverso, asumir la defensa de la vida amenazada con el diario asesinato de líderes sociales y comunitarios, que a los ojos de los ciudadanos aparece como derivado de un débil compromiso del gobierno y sectores amplios de la sociedad con la paz.

Es una paradoja que duele. De hecho, Colombia, con un proceso de paz en (contra) marcha es, según la Cidh y ONU Derechos Humanos, uno de los países con más asesinatos de líderes sociales y de Derechos Humanos en el continente. No se valora la paz, y por lo tanto no se dimensionan los muertos.

La vida que fue tan menospreciada en tiempos de guerra, no puede seguirlo siendo en tiempos de paz. Y esto, hay que decirlo, no es asunto exclusivo del gobierno. Una de las cosas que más impacta es la paradoja entre el asesinato masivo y la respuesta social, casi inexistente en la calles, a estas formas de violencia. La indiferencia ciudadana se va convirtiendo una vez más en complicidad con nuevas muertes. 

La defensa de la democracia es un segundo valor, que no está desligado de la paz, pero que también va más allá de ella. La democracia en el momento actual es, entre otros factores, la tierra prometida a los excombatientes que dejan la guerra. Pero a todas luces se carece de una convincente política de inclusión , y se siente, por el contrario, resistencia explícita a brindarle la participación política negociada a la exinsurgencia, incluso dentro del propio Congreso, donde debería celebrarse precisamente el tránsito de las armas a la política.

El tercer compromiso ético político de nuestro tiempo es la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. La depredación nos está llevando no solo a un deterioro climático sino a un desastre de nuestra civilización. La deforestación incontrolada, el extractivismo arrasador y contaminador, el saqueo de la fauna, la extinción de especies únicas, la presencia de inversionistas extranjeros comprando recursos estratégicos, son todas actividades amenazantes para la reproducción de la vida. Selva arrasada, desvío y contaminación de ríos y mares, extinción de especies animales y vegetales.

 Desde luego, la paz es más ancha que los acuerdos, pero si cumpliéramos sin tantas reticencias lo pactado, y lo viéramos no solo como oportunidades para la insurgencia, sino como oportunidades para el país, podríamos dedicarnos con más energías a la controversia creadora sobre los grandes mínimos, los temas que nos conciernen a todos como seres biológicos, sociales y políticos.

El bloqueo a la participación/oposición es una manera no solo de despolitizar la paz sino de profundizar la contracción de la esfera pública, que se suponía con el fin de la guerra debería expandirse. La expectativa social es que la democracia vaya más allá de la representación política y el rito electoral episódico, y se exprese, por el contrario, como ejercicio cotidiano de libertades y derechos. Que se respeten los fallos judiciales y el Estado de Derecho, incluyendo los derechos procesales de los oponentes. Que se de plena vigencia al Estatuto de la Oposición.

Pregunta incesante debería ser la de cómo ampliar nuestra siempre deficitaria y averiada democracia a todas las formas de exclusión acentuadas con la guerra. Porque no basta que nuestra democracia sea representativa, incluso deliberativa, sino que, en un contexto como el nuestro, debe ser explícitamente incluyente y transformadora.

La democracia en marcha para un desmovilizado o para un líder social no puede reducirse a un cambio de riesgos: el paso de los riesgos de la guerra, a los riesgos de la paz, como lo expresara uno de los miembros de la cúpula de las Farc en la fase final de las negociaciones. 

Tantas cosas por resolver y en suspenso por nuestros desacuerdos sobre los acuerdos. Cómo hacer para que la descentralización no sea apropiación privada de los recursos públicos; para que la diferencia en el ejercicio del poder local y regional no se reduzca, como señaló un historiador peruano, a la diferencia entre "el que roba y no hace obra" y "el que roba pero hace obra", es decir, para que los correctivos institucionales no se traduzcan en una simple reducción del clientelismo y la corrupción a sus modestas proporciones, como sentenció Turbay Ayala.

Cómo activar en un horizonte de elecciones locales a fin de año, esos mínimos que satisfagan las expectativas ciudadanas, recurrentemente frustradas por el desencuentro entre el ejercicio de la política y la sociedad. Cómo hacer de la equidad una bandera y un pacto interpartidista. Llegó la hora de pasar a estas y otras peguntas.

 

Por- Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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