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Domingo, Abril 28, 2019 - 12:07

Con profundo dolor y tristeza los nariñenses hemos sido testigos de la grave ola invernal que azota a nuestro país, empezando por las inundaciones del casco urbano de Barbacoas, por el desbordamiento del río Telembí; Tumaco por el río Caunapí y Roberto Payán, por el río Magüí.

Llegaron a subir su caudal más de un metro lo que destruyó muchas viviendas, electrodomésticos, muebles y enseres, ropa y alimentos, que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente, dejando a su paso una estela de mucha miseria y pobreza entre sus habitantes, quienes piden a gritos la ayuda del Gobierno Nacional, departamental y municipal.

Estos crecimientos desmedidos se deben a la tala indiscriminada de bosques, originando la devastación de amplias zonas de terreno, que se suma a la erosión de la capa vegetal por parte de la minería ilegal que con maquinaria pesada realizan grandes perforaciones en la tierra en busca de oro, despertando la ambición y la codicia de muchas compañías extranjeras, con o sin licencia del Gobierno Nacional, para hacer y deshacer con la flora y la fauna, tornándose Nariño en uno de los departamentos más deforestados y estériles del país.

Son muchas las toneladas de tierra, piedra y lodo arrastradas por motoniveladoras, llevadas en volquetas y depositadas en las fuentes hídricas, como los manantiales y nacimientos de las quebradas y ríos, en las altas montañas y en los páramos; lugares inhóspitos hasta donde han llegado quienes quieren destruir el exuberante ecosistema, en donde por siglos han crecido, florecido y vivido muchas especies vegetales y animales, que hoy están en serio peligro de extinción.

A esto se suman las grandes plantaciones de cultivos ilícitos en Nariño, que arrebató el primer lugar en el mundo a Bolivia.

El derrumbe en la vereda El Portachuelo, municipio de Rosas, Cauca, fue a las 3:00 de la madrugada del Domingo de Resurrección, el cual dejó sepultadas a más de 30 personas, entre niños, mujeres y adultos de una veintena de familias humildes. Provocando nuevamente el taponamiento de la vía Panamericana, en el kilómetro 82, que comunica a Popayán con el departamento de Nariño.

Fue una tragedia anunciada por el incumplimiento del contrato de 95 viviendas, firmado en octubre de 2015 por el Fondo de Adaptación y Codiseño Ltda. por $4.279.500.000, que con el paso de los días quedarán en el anonimato, como si no hubiera pasado absolutamente nada.

Por ley el Gobierno Nacional, departamental o municipal, debe conformar la oficina de riesgo, de emergencias y desastres, a la cual podemos recurrir mediante derechos de petición bien argumentados, para que envíen a sus ingenieros, arquitectos, topógrafos y todo ese personal profesional a supervisar las obras civiles o la serie de amenazas que pongan en serio peligro la vida de los colombianos.

Sus órdenes son de estricto cumplimiento, que buscan prevenir en lo posible todas estas tragedias, que como la de Rosas enlutaron a muchos hogares humildes. ¿Quiénes son los responsables?

 

Por: Jorge Enrique Tello Chávez

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