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Martes, Mayo 14, 2019 - 09:33

Durante los últimos días vemos como la violencia se ensaña con los líderes sociales como Francia Márquez, los atentados a los reincorporados y que decir de las presiones a los concejales de distintas localidades en el país.

Es más que perentorio que se implementen estrategias para quienes realizan su labor social en un país, en donde de algún modo pensar distinto se ha convertido en una seria amenaza para su misma integridad.

Si bien es cierto que el Estado es el responsable de garantizarnos la vida a todos los colombianos, es más que urgente controlar la manipulación de las armas en todo el territorio nacional.

Las autoridades han capturado a algunos de los autores materiales de estos hechos, eso es parte de la responsabilidad de la Fiscalía, pero lo más importante es esclarecer quién dio la orden de disparar y sancionarlos pero, sobre todo, impedir que se sucedan estos hechos que enlutan a muchas familias en el país.

No tengo duda de que se han venido haciendo esfuerzos  por parte de la Fuerza Pública para diseñar esquemas operativos, para hacer realidad el monopolio del control territorial, que, insisto, no es otra cosa que construir Estado en los territorios, lo cual implica presencia de la cara militar y policial del Estado, pero también de la cara civil -salud, educación, justicia, trabajo, especialmente construir credibilidad y legitimidad de los pobladores en sus instituciones, incluida la Fuerza Pública.

Pienso que se hace necesario que exista un mensaje institucional con una campaña divulgativa y educativa que muestre a los líderes sociales, no como una amenaza al orden, sino como valioso activo de las comunidades que debemos respetar y proteger.

Ojalá los altos funcionarios del Estado y de los gobiernos territoriales fueran los primeros en hacer estos reconocimientos al importante papel que en una Democracia cumplen los líderes sociales.

Tan es así que la Defensoría del Pueblo pidió a las agencias del Estado que adopten “medidas efectivas” para la protección de los líderes sociales del país, luego de que se registró un atentado contra una activista en el departamento del Cauca que dejó a dos personas heridas.

En ese sentido recomendó incluir medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario “que impacten en la protección”. Recordó que el pasado 26 de abril emitió una alerta temprana “por el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”.

Es preocupante el reciente informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Movimiento Defendamos la Paz, desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc (en noviembre de 2016) han sido asesinados en el país más de 500 líderes sociales, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos, situación que debe tenerse  en cuenta sobre todo cuando estamos cerca unos comicios electorales regionales.

Por: Manuel Antonio Rosero Trejo.

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