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Lunes, Septiembre 9, 2019 - 17:18

Nos vuelve a quedar el sinsabor en tono a esa incontenible violencia y el acorralamiento en el que se encuentran nuestros líderes sociales en el país, principalmente departamentos como Nariño, Putumayo y Cauca, en donde la realidad es aterradora porque existe una amenaza de seguir con lo que esas organizaciones armadas de extrema derecha llaman limpieza social.

Vemos y sabemos que son inútiles los anuncios del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de proteger a los líderes, porque siguen matándolos sin parar, sin la más mínima contemplación, como pasó el fin de semana en el corregimiento en Llorente, zona rural der Tumaco, en donde aniquilaron al presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de El Carmen José Cortez Sevillano, frente a toda la gente que se encontraba en un establecimiento público observando el partido entre Colombia y Brasil.

A todos estos líderes de consejos comunitarios, de juntas o de otras organizaciones sociales no les quedará otra que correr y esconderse e incluso dejar a sus familias y en algunos casos exiliarse, porque su muerte es inminente si se quedan en sus regiones. Cómo es posible que el Estado no puede proteger a sus dirigentes y los deje a la merced de un puñado de violentos que se han propuesto desestabilizar al país, y lo peor es que pese al accionar de la institucionalidad, lo están logrando.

En esta temporada electoral los asesinos muestran de manera implacable su frenetismo y están arremetiendo contra todo el que tenga ideas diferentes a sus criterios. Según la Misión de Observación Electoral, Nariño ocupa el quinto lugar entre los departamentos más afectados por la violencia política con 14 hechos contra líderes políticos, sociales y comunales desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de junio de 2019.

Estos hechos han sido 12 asesinatos y 2 atentados y resalta le MOE, que a corte de 27 de junio de 2019, se tienen un aumento del 50% de los hechos de violencia política en comparación con las elecciones locales de 2015, pues en los comicios locales anteriores se registraron 7 hechos durante todo el periodo electoral.

Una situación igual de lamentable la viven en el Bajo Putumayo, en donde en las últimas horas volvieron a difundir un panfleto de las autodenominadas Águilas Negras que declararon como objetivo a los dirigentes de distintas organizaciones que son expuestas con nombre propio y corresponden a indígenas, defensores de derechos humanos, docentes, entre otros, que son señalados de tener nexos con las disidencias de las Farc, de oponerse a todas las políticas de Gobierno y de querer lavarle el cerebro a la comunidad. Los tratan como sanguijuelas del Estado.

Las autoridades municipales son prácticamente un cero a la izquierda para brindar protección a los líderes y se lo dejan al gobierno departamental, que a su vez se lava las manos y le endilga la responsabilidad al Nacional, y este nos demuestra que no tiene la capacidad para hacerlo y frente a sus instituciones se está cometiendo la barbarie del genocidio, como no pasa en ningún lugar del planeta.

El problema es que este panorama tiende a ennegrecerse aún más tras el anuncio de los exjefes de la guerrilla de las Farc de rearmarse y continuar en una guerra contra el Estado. La peor noticia de los últimos 3 años, porque sabemos que esto propiciará el fortalecimiento del paramilitarismo a la vieja usanza, cuando se cometían a lo largo y ancho de nuestro territorio las peores masacres.

Algo tendrá que hacer el presidente Iván Duque, a quien la seguridad de los colombianos se le salió de las manos. Y como dijo el legendario e inolvidable Chapulín, ¡y ahora, quién podrá defendernos! 

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