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Hoy en día la expresión política pública es un “concepto que goza de alto precio en diferentes sectores de la sociedad, en especial dentro del lenguaje político-electoral, en razón a que nombra algo significativo y de suma importancia; pero cuyo campo semántico es etéreo, gaseoso, para la mayoría de quienes lo utilizan y para casi todos los que lo escuchan”.

De allí que sea bueno precisar que una “política pública es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución a problemas que se consideran prioritarios en un contexto particular”.

En ese sentido, algunos ejemplos de políticas públicas, son el conjunto de medidas que se implementan para gestionar la sanidad, la educación, la cultura, el deporte, entre otros, y los costos y beneficios que esto supone.

Hasta aquí se podría pensar que todo lo referente a las políticas públicas son ventajas porque tienen la potencialidad de resolver problemas concretos y, al mismo tiempo, propugnar por la búsqueda de la equidad, aunque se debe tener en cuenta que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a otros; pero que en últimas en una democracia las mayorías son las que priman, sin menospreciar claro está, a las minorías.

Sin embargo, en muchas ocasiones “las políticas públicas ni son siempre tan públicas, ni siempre responden a las necesidades de las personas a quienes están supuestamente dirigidas”, debido a la intervención de las preferencias grupales y personan que en ocasiones predominan; siendo esto algo que perjudica, obstaculiza y daña a la clara visión del concepto de lo público y a su vez en la traducción del bienestar social.

Eso se lo aprecia cuando muchos funcionarios que conforman tanto el gobierno nacional como los departamentales y municipales, diseñan y formulan políticas públicas desde el escritorio para todo cuanto se les ocurra, sin que exista previamente planificación alguna y sólo con el propósito de obtener ciertos réditos de carácter político, sobre todo en tiempos electorales

Es así como se observa con suma preocupación como últimamente varias asambleas y concejos municipales no escatiman ordenanzas o acuerdos, respectivamente, mediante los cuales “se adoptan políticas públicas en X materia, aunque la mayoría de tales actos se quedan en simples proclamaciones de objetivos macro-sociales, tan plausibles que cualquiera los suscribiría y tan vagos que nadie podría evaluar su cumplimiento”.

Sin ir más lejos, en el caso específico de Pasto, una “lluvia” de políticas públicas han sido aprobadas por el Concejo Municipal, las cuales están relacionadas con la mujer y la equidad de género, de la juventud, del envejecimiento y la vejez, de la educación Piemsa, del bienestar y protección animal, y la de los habitantes de la calle.

Sobre el particular cabe preguntarse, si tales políticas públicas siguen las directrices trazadas en el Plan de Desarrollo o son una simple rueda suelta; si tienen garantizados recursos financieros para su ejecución; y ¿qué fuerza vinculante tienen para ser cumplidas por los próximos mandatarios municipales a fin de que no vayan a parar en los estantes de los archivos de las dependencias?

En el evento en que llegue a ocurrir todo lo contrario, las políticas públicas en Pasto sólo serán un saludo a la bandera y la población que se pretendía beneficiar se verá vilmente engañada y defraudada por la irresponsabilidad política de quienes las aprobaron.

Por: Luis Eduardo Solarte Pastas

solarpastas@hotmail.com

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