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Miércoles, Mayo 8, 2019 - 16:42

Las mismas autoridades municipales guardan silencio porque están amenazadas por estos grupos. Se afirma que la mayor parte los alcaldes de la costa, el piedemonte y la cordillera permanecen intimidados.

Para dónde va Nariño en cuestión de orden público, nos preguntamos muchos ante la difícil situación que recae en emergencia humanitaria, como vemos de una manera constante en la costa y el piedemonte. Si bien responder esta pregunta es vaticinar, no erramos si decimos que el camino es oscuro y vamos a empeorar.

Estamos comenzando mayo de 2019 y ya se registran siete desplazamientos masivos, la muerte de 10 líderes sociales y es impresionante la forma como han tomado fuerza los grupos armados ilegales, tanto disidencias de las Farc, como otros asociados con el paramilitarismo que desatan combates cuando les viene en gana, generan éxodos, matan civiles o entre ellos mismos, y todo eso en las narices de la Fuerza Pública.

El frente Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico nuevamente comenzaron a darse plomo y estos a la vez con los denominados Contadores, escuderos del narcotráfico, que quieren quedarse con el botín territorial que otrora controlaban las Farc y que hoy lo pelean a sangre y fuego más de 20 grupos delincuenciales con el objetivo de dominar las rutas de envío de droga, entrada de armas, explosivos, combustibles y otros elementos de contrabando, además de las zonas de cultivos de uso ilegal y los laboratorios.

La semana anterior los campos de Mosquera se convirtieron otra vez en un infierno por esos combates de dichos grupos con saldo de dos muertos y seis heridos, entre estos dos menores de edad. Eso hasta donde se sabe, porque la realidad, esa que nunca se sabe o no se cuenta, es más dramática.

Siguió el municipio de El Charco en donde estos días han combatido a diestra y siniestra, lo que ha conllevado a confinar a unas 3.800 civiles de la zona rural que están aterrorizados y no pueden moverse de sus casas, mientras esperan una oportunidad para salir despavoridos hacia el casco urbano o regiones vecinas.

Las autoridades locales de esta población ubicada en la costa de Nariño temen que se vaya a generar un desplazamiento superior a 7.000 habitantes, que sería el más grande en la historia.

Las mismas autoridades municipales guardan silencio porque están amenazadas por estos grupos. Se afirma que la mayor parte de los alcaldes de la costa, el piedemonte y la Cordillera permanecen intimidados. Es el caso de los mandatarios de El Charco, Milton Cuero; de Mosquera, Johan Vásquez y Policarpa, Claudia Cabrera.

Las intimidaciones han pasado al plano real. Por ejemplo, en El Charco mataron al tesorero Crispiniano Pinilla Rebolledo en octubre de 2018 y en Magüí secuestraron al hijo del mandatario Walter Quiñones, y los comerciantes, agricultores y docentes están ‘vacunados’.

Se conoce que varios de los que fueron candidatos están endeudados con esas organizaciones. Les dieron dinero para financiar sus campañas y ahora no saben cómo pagar y por eso figuran en la lista negra.

En el transcurso de solo 15 días perdimos a tres líderes sociales abaleados por estos grupos criminales.

El primero fue Marco Antonio Adrada Viana el 28 de abril, en el municipio de Leiva, quien llevaba 35 años como dirigente y antes de su asesinato se ocupaba de la Junta de Acción Comunal de El Sauce.

Luego, el primero de mayo, murió el líder indígena del Gran Cumbal, Miguel Ángel Alpala, que 15 días atrás sufrió un atentado, y el último fue el candidato al Concejo de Mallama, Efraín Prado Rosero, del partido político Mais, ultimado cuando salía de su casa el pasado fin de semana.

No es que seamos pesimistas con lo que se viene para nuestro departamento, pero este panorama hostil y de violencia descarnada que desafortunadamente no tiene control, ni dolientes, mucho menos medidas efectivas de las instituciones del Estado, nos hace avizorar lo peor.

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