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Martes, Junio 4, 2019 - 16:18

Está prohibida cualquier forma de requerimiento, solicitud o coacción para utilizar los recursos pagados a los miembros de la UTL, con fines diferentes a la remuneración de los servicios efectivamente prestados’.

Desde siempre los ciudadanos tenemos conocimiento de ese manejo vergonzoso y abusivo que hacen los congresistas de las denominadas Unidades de Trabajo Legislativo, UTL; sin embargo pese a las denuncias los organismos de control se han hecho de los oídos sordos acolitando prácticamente la corrupción.

Pero fue el caso del representante liberal Hernán Gustavo Estupiñán, denunciado por un asesor de exigirle una cuota de sus honorarios para que volviera a destaparse esa ‘olla podrida’ de las UTL y la Procuraduría sancionara con suspensión de 3 meses al congresista liberal nariñense, bajo el argumento de que estaría contratando a personas que no cumplen con las funciones del Congreso de la República.

Este cuento viejo y que vuelve a resurgir ha generado el repudio de la sociedad colombiana que con todo tipo de expresiones califica al Congreso el organismo del Estado más corrupto. En este sentido el procurador Fernando Carrillo les envió una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, para que se empiece a reglamentar el manejo de las UTL a las que tienen derecho los congresistas.

Y no es para menos, estos asesores inoperantes del Congreso le cuestan al Estado anualmente más de 138 mil millones de pesos, que como ustedes saben, salen de nuestro bolsillo, de estos costosos impuestos que pagamos con mucho esfuerzo la mayor parte de colombianos.

En la investigación se pudo constatar que cada legislador puede contratar máximo a 10 personas y el salario mensual de cada UTL no puede sobrepasar los 50 salarios mínimos mensualmente y cada uno estará manejando al año más de 496 millones de pesos, que es lo que dilapidan nuestros 278 ‘padres de la patria’, recursos públicos que alcanzarían para brindarles alimentos a decenas de niños de Chocó, La Guajira y Nariño que se mueren de física hambre.

Los ciudadanos piden al Gobierno, y en este caso al Congreso, coherencia en las palabras de los legisladores que se comprometieron a erradicar la campante corrupción que les roba a los colombianos cada año al menos 50 billones de pesos.

¡Por Dios!, esto debe parar y si los presidentes del Senado, Ernesto Macías y de la Cámara, Alejandro Chacón, muestran respeto por el pueblo y sus instituciones, deberían frenar ese desangre de presupuesto en el organismo legislativo y comenzar por las UTL, y se proceda a la actualización y expedición de las normas reglamentarias.

El procurador Carrillo expone seis parámetros para dicha reglamentación. Por ejemplo, que ninguno de estos contratistas puede realizar actividades distintas a las del Congreso, y la segunda que no se pueden hacer exigencias sobre los pagos que se les hacen.

Pese a toda esa corrupción que desafortunadamente carcome a nuestras instituciones, nuestra Justicia cojea pero llega. No olvidemos que por irregularidades en el manejo de los funcionarios que conforman las Unidades el Consejo de Estado decretó la muerte política del senador de La U Carlos Enrique Soto, por haber autorizado varios viajes a Girardot, Panamá y Toronto sin justificación a Juan David Giraldo Saldarriaga, miembro de su UTL.

Ahora vamos a ver en qué parará la investigación de la Procuraduría contra Hernán Gustavo Estupiñán, además de los excongresistas Tatiana Cabello, y el actual representante Edward Rodríguez, que al igual que el caso del nariñense, fue denunciado por Luis Leandro Peña Aya, exmiembro de su Unidad.

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