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Miércoles, Octubre 3, 2018 - 14:35

Con el argumento de combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos el Gobierno Nacional firmó el decreto reglamentario y dotó a la Policía de las herramientas necesarias para evitar que los ‘jíbaros’ se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas, pero nos preguntamos si estas medidas restrictivas de la dosis mínima van a frenar el consumo y la distribución.

Vemos que estas herramientas, que ya las hemos implementado en el país, no han servido en lo mínimo para contrarrestar el problema de las drogas, al contrario el decomiso de las mismas lo que hace es estimular el mercado, porque el consumidor volverá a comprarlas y el círculo vicioso seguirá engrosándose.

Expertos como el exministro de Justicia Yesid Reyes señalan que con esta disposición retrocedemos en lo que se avanzó en el gobierno anterior, cuando el país junto con la Organización de las Naciones Unidas fortalecieron la lucha contra el tráfico de drogas, pero al consumidor era tratado desde la óptica de un problema de salud pública, es decir la represión para el distribuidor y comprensión para quien está afectado.

Ahora, según esta perspectiva, la Policía dedicará más sus esfuerzos a perseguir al consumidor que al ‘jíbaro’ o al distribuidor, sin tomar en cuenta que el drogadicto en realidad es la víctima.

El Gobierno señala que con esta medida “está cumpliendo su compromiso de incrementar los controles al consumo y tenencia en espacio público, de sustancias sicoactivas prohibidas, con el único propósito de proteger de este flagelo a niños y jóvenes y mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Esto es cierto desde la percepción. Cuando la gente ve que meter drogas en las calles se volvió lo más de normal como pasa en Pasto, en donde ya no había lugar vetado y esto generaba indignación para muchos, sobre todo padres de familia, que sentían esta costumbre como una amenaza.

Recordemos que en los últimos años uno de los problemas latentes y que más se denunciaba en los barrios de Pasto era el hecho de que los parques, otras zonas verdes o las esquinas estaban invadidas de viciosos y que este hecho además era propiciador de inseguridad. 

Las denuncias de la gente, que fueron abordadas por el presidente Iván Duque durante la firma del decreto, señalaban que “el microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto”.

Es claro, y a todos nos preocupa, pero la medida policial solo será un paño de agua tibia o para tapar el sol con un dedo, ante el grave problema del crecimiento del consumo de drogas en el país.

El hecho de que no veamos en las calles, parques o esquinas a los marihuaneros o basuqueros no quiere decir que el mal desapareció, incluso sabemos que ahora con las drogas sintéticas los jóvenes no necesitan estar exhibiéndose en público para trabarse. Lo hacen donde quieren y sin que nos demos cuenta.

Para enfrentar el flagelo de la drogadicción se requiere de políticas de salud pública mucho más efectivas, por ejemplo el tener centros de especialistas para tratarla, que no los hay, o si se tienen son limitados o de carácter privado. Además disponer de campañas educativas más contundentes que giren en todos los sectores de la sociedad, sin escatimar en la inversión de espacios recreativos, de deporte y actividades artísticas.

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